Supone el principal punto del orden del día del tercer pleno extraordinario en tres semanas consecutivas
El Ayuntamiento de Ondara ha convocado un pleno extraordinario para el próximo jueves a las 19:30 horas con el fin de cumplir los plazos legales en la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para 2026 y el nombramiento del Juez o Jueza de Paz titular y sustituto.
El tema del IBI vuelve al salón de plenos dos semanas después de la sesión extraordinaria solicitada por el Partido Popular con el objetivo de iniciar el procedimiento de reducción de los tipos impositivos del 0,74 % al 0,62 % para los inmuebles urbanos y del 0,85 % al 0,73 % para los rústicos.
Una propuesta que recibió una aprobación inicial por parte de la corporación, al inclinar Compromís la votación al alinearse sus tres concejales con los cinco del PP, frente a los también cinco del equipo de gobierno del PSPV, aunque la cuestión quedó pendiente de la evaluación de la viabilidad de la medida por parte de la secretaría-intervención. 
Esta ha presentado un informe en el que se indica que dicha propuesta de reducción supone una disminución estimada de 431.902,57 euros en los ingresos municipales para el próximo ejercicio. En concreto, según consta en el informe del secretario-interventor, la aplicación de los nuevos tipos impositivos haría que el IBI Urbano pasara de 3.183.004,55 euros a 2.792.066,93, y el IBI Rústico pasara de 290.168,42 euros a 249.203,47.
Con esos datos, advierte que la reducción de ingresos obliga a ajustar el gasto para garantizar el equilibrio presupuestario y las reglas fiscales.
“En el caso de que, una vez aprobada la liquidación del ejercicio, se constate el incumplimiento de alguna de las reglas fiscales establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, procederá la elaboración y aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF), con el objetivo de restablecer la situación de cumplimiento en el plazo máximo de dos ejercicios presupuestarios”, señala un informe que incluye recomendaciones de gestión del gasto.
Recomendaciones que, según apunta, implicarían un control estricto del gasto y un seguimiento mensual; reducción del gasto corriente en partidas no comprometidas; priorización de la inversión; y tener en cuenta el impacto de gastos estructurales como la nueva RLT (con un incremento estimado de 230.000 euros) y la liquidación de la concesión del servicio de agua.
Con todo ello, el secretario-interventor concluye que el presupuesto de 2026 deberá ajustar el gasto para garantizar la estabilidad presupuestaria.
ENMIENDA DE COMPROMÍS
Desde el grupo municipal de Compromís han presentado una enmienda que ha quedado incluida en el punto del pleno, en la que sus integrantes señalan que “consideramos acertada la reducción del tipo aplicable a los bienes urbanos, ya que la revisión catastral realizada en el año 2015 supuso un incremento considerable del valor catastral de los inmuebles urbanos y, por tanto, un aumento progresivo de la carga fiscal sobre la ciudadanía”.
En esta línea, entienden que “esta situación no es aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza rústica, los cuales no se vieron afectados por la revalorización catastral de 2015 y, por tanto, una reducción del tipo impositivo en este caso no está justificada y podría suponer una merma innecesaria de los ingresos municipales, afectando a la capacidad del Ayuntamiento para invertir en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que actualmente se encuentra en trámites de negociación y aprobación, o en ayudas sociales”.
La enmienda en cuestión propone sustituir los términos de “reducir el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del 0,74 % al 0,62 %, y el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica del 0,85 % al 0,73 %” por “reducir el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del 0,74 % al 0,62 %, y mantener sin modificaciones el tipo impositivo de los bienes de naturaleza rústica en el 0,85 % actual”.
Según justifican desde el grupo valencianista, “esta enmienda busca adaptar la política fiscal municipal a la realidad económica y catastral de Ondara, diferenciando entre los inmuebles urbanos —afectados por la revisión de 2015— y los rústicos, que no experimentaron ningún incremento similar. De este modo, se garantiza una medida justa, equilibrada y coherente, que permite aliviar la carga fiscal sobre la ciudadanía urbana sin comprometer los ingresos municipales que queremos destinar a la Relación de Puestos de Trabajo o a ayudas sociales”.
RECHAZO DEL EQUIPO DE GOBIERNO
En la comisión informativa previa al pleno, el equipo de gobierno del PSPV ha manifestado su rechazo tanto a la propuesta del Partido Popular para reducir los tipos impositivos del IBI como a la enmienda presentada por el grupo municipal Compromís, de modo que ambas iniciativas se elevan al pleno con dictamen negativo de la misma.
Desde el PSPV abogan por defender una posición de responsabilidad fiscal, apostando por mantener los tipos actuales del IBI con el objetivo de preservar el nivel de ingresos municipales. “Esta estabilidad es esencial para garantizar la continuidad de las políticas públicas, los servicios municipales y las ayudas sociales que se prestan a la ciudadanía”, argumentan.
El segundo punto del orden del día es la propuesta de nombramiento del Juez o Jueza de Paz, tanto titular como sustituto, cuyo proceso se inició con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 3 de octubre de 2025, abriendo un plazo de 20 días hábiles para la presentación de candidaturas. Dentro del plazo establecido, se han presentado siete candidatos, que serán valorados por el pleno municipal para su designación definitiva.
