La propuesta que ha hecho Gent de Dénia al equipo de gobierno para construir la segunda residencia no puede materializarse tal y como se ha planteado. Hacerlo supondría una grave infracción que podría derivar en responsabilidades penales por prevaricación. Así lo pone de manifiesto el gobierno local en un comunicado en el que recuerda que las contrataciones no se pueden hacer de forma directa ni a través de acuerdos con empresas concretas, en este caso un fondo de inversión al que GD pretende supuestamente allanar el camino. Su planteamiento supondría un gran “negocio inmobiliario”, remarcan PSOE y Compromís, ya que la empresa se quedaría con el terreno y el edificio aunque el ayuntamiento estuviese pagando durante 12 años la infraestructura.
El comunicado tacha la forma de hacer política de GD de “caduca y superad”, propia de otros tiempos en los que los proyectos “se repartían entre los amiguitos”.
El equipo de gobierno explica también que el jueves se llevará a pleno una moción pidiendo a la Conselleria que aclare cuáles son sus planes para la construcción y gestión de la segunda residencia pública de personas mayores, qué destino se va a dar a los 9 millones de euros que fueron asignados al proyecto y si piensa asumir la gestión directa de la Residencia de Santa Llúcia, una competencia autonómica que tiene asumido el Ayuntamiento de Dénia. 
El comunicado dice lo siguiente:
“Los servicios públicos no son moneda de cambio ni espacio para favoritismos. Ante las afirmaciones realizadas en los últimos días por Gent de Dénia en relación con una supuesta reunión clave entre el Ayuntamiento y una empresa privada para la construcción de una nueva residencia de mayores y la adecuación de la actual Santa Llúcia, y después de dicha reunión, desde el equipo de gobierno consideramos necesario aclarar varios aspectos fundamentales a la ciudadanía.
En primer lugar, hay que recordar que la contratación de servicios, obras o concesiones de tal magnitud por parte de un ayuntamiento no puede hacerse de manera directa ni a través de acuerdos con empresas concretas sin seguir el procedimiento legal. Cualquier actuación fuera de este marco normativo podría suponer una infracción muy grave e, incluso, derivar en responsabilidades penales por prevaricación. ¿Es esto lo que quiere Gent de Dénia?
La Ley de Contratos del Sector Público obliga todas las administraciones a garantizar los principios de concurrencia libre, transparencia, igualdad de oportunidades y publicidad. Esto implica que ningún ayuntamiento puede negociar directamente con una empresa para que financie, construya o gestione un servicio público como residencias, hospitales, colegios, etc., sin abrir antes un procedimiento público que permita la participación de cualquier entidad interesada y que asegure los derechos de todos los licitadores.
En segundo lugar, puesto que desde GD se han pronunciado sobre la reunión en su insistencia para venderse como los «conseguidores» de la tan necesaria segunda residencia para Dénia, pero sin concretar ni un detalle de la propuesta que un fondo inversor nos puso sobre la mesa al equipo de gobierno, nos sentimos libres de explicar abiertamente en qué consiste el ‘beneficioso’ trato que nos ofrecieron: en dos palabras, una gran «negocio inmobiliario» para una empresa que nos quiere comprar el terreno público destinado a la residencia, construir la infraestructura y, posteriormente, cobrárnosla a lo largo de 12 años, pero sin perder en ningún caso, la empresa, la propiedad, ni del terreno ni del edificio.
El segundo paso sería la gestión del servicio, que según el fondo inversor (el nombre del cual a estas alturas todavía desconocemos) tendría que asumir el mismo ayuntamiento o la Generalitat, pagando obviamente cierta cantidad de dinero a la empresa propietaria (del terreno y del edificio), o una empresa privada, claro está.
No hay que insistir demasiado en la sorpresa que nos causó, a los representantes del gobierno local, una propuesta como esta, por parte de un fondo inversor, que además se sentó en dependencias municipales de la mano de un partido político con representación a la Corporación.
El tipo de planteamientos de GD responden a una forma de hacer política caduca y superada, propia de una época en que los proyectos se repartían entre los amiguitos sin controles ni garantías. Prácticas que hicieron mucho daño a la imagen y confianza de las personas en las instituciones públicas, y hoy ya no tienen cabida en una administración moderna y transparente.
Por lo tanto, el hecho que una empresa se muestre dispuesta a llevar a cabo un proyecto no implica en ningún caso que el Ayuntamiento pueda aceptar esa propuesta de manera directa, como se ha dado a entender en las declaraciones difundidas por Gent de Dénia. Actuar de este modo supondría vulnerar la legalidad y poner en riesgo tanto la viabilidad del proyecto como la seguridad jurídica del propio Ayuntamiento.
Somos muy conscientes de que los procedimientos legales implican, desgraciadamente, gestiones y trámites que se hacen largos, pero esperábamos que Mario Vidal, como concejal desde hace años en el Ayuntamiento, también fuera consciente de la normativa mínima en materia de contratación pública. Y si no es así, lo que se desprende de sus declaraciones es humo y demagogia.
Desde el equipo de gobierno compartimos la necesidad de mejorar los servicios de atención a las personas mayores y trabajaremos para que Dénia consiga esa necesaria segunda residencia y la adecuación que necesita el actual. Pero lo haremos siempre con responsabilidad, seriedad y dentro del marco legal que nos obliga como administración pública.
Lamentamos que se generen falsas expectativas entre la ciudadanía con propuestas que, tal como se han planteado, no podrían materializarse dentro de la legalidad. Desde el ayuntamiento continuaremos dando los pasos que como administración pública, garante de los derechos de la ciudadanía, tenemos que seguir para conseguir nuestra segunda residencia para Dénia.
Moción solicitando pronunciamiento a Conselleria
Después de la revocación por parte de la Conselleria de Servicios Sociales de la delegación para construir la segunda residencia pública en Dénia -una infraestructura prevista y financiada con fondos europeos Next Generation por más de 9 millones de euros-, consideramos imprescindible un pronunciamiento claro de la misma para poder avanzar en determinada dirección.
El próximo jueves presentaremos a pleno una moción en la cual instamos a la Conselleria a pronunciarse pública y oficialmente sobre si tiene la voluntad de asumir la construcción y gestión de la segunda residencia pública en Dénia, ya sea con fondos europeos o con recursos propios, y con qué plazos. Al mismo tiempo, pedimos que se informe de manera clara y documentada sobre el destino que se dará a los más de 9 millones de euros que estaban asignados a este proyecto. También consideramos fundamental que la Generalitat se posicione respecto a si piensa hacerse cargo de la gestión directa de la Residencia Santa Llúcia, que actualmente asume el Ayuntamiento a pesar de ser una competencia autonómica. Finalmente, pedimos que cualquier respuesta oficial (inexistente a estas alturas) sea enviada formalmente a este Ayuntamiento para poder avanzar con responsabilidad y rigor en la planificación de estas infraestructuras sociales tan necesarias para nuestra ciudad.
Con esta moción, y con el presente comunicado, queremos reafirmar nuestra voluntad de continuar trabajando para hacer realidad la segunda residencia pública para Dénia y para asegurar una gestión justa y eficiente de los servicios para la gente mayor. Con seriedad, responsabilidad y dentro del marco legal. Es lo que merece Dénia”.
