Reclaman facilidades para recuperar el cuerpo y darle sepultura
Una protesta de familiares de Juan, el joven que fue asesinado por su padre hace 27 años en una vivienda de la calle Hospital, ha acabado este lunes en el interior de la Comisaría de la Policía Nacional de Dénia donde han entrado por la fuerza. Los manifestantes, que llevan días protestando frente al Ayuntamiento, han
recorrido la calle Marqués de Campo portando una pancarta con el lema ‘Queremos que se haga justicia para Juan’ y han entrado en las dependencias policiales, exigiendo una respuesta definitiva al caso. Los familiares reclaman poder recuperar los restos de Juan, que presuntamente permanecen enterrados en el corral de la vivienda de la calle Hospital número 21. Según denuncian, aunque ya se lograron exhumar unos primeros restos, el resto del cuerpo continúa en la propiedad. La actual propietaria, según los afectados, condiciona la excavación al pago de medio millón de euros, una suma inasumible para la familia. 
Uno de los portavoces de la familia, en declaraciones a Canfali, ha denunciado la inacción de las autoridades locales y judiciales. «Estamos desesperados, llevamos 10 días a las puertas del Ayuntamiento y nadie nos hace caso. Queremos poder darle un entierro digno, como merece cualquier ser humano», ha explicado, al tiempo que ha señalado la frustración que sienten ante un crimen que, a pesar de las recientes revelaciones sobre sus autores, ha sido declarado prescrito. La familia apunta directamente a los padres de Juan, -Antonia y su marido-, así como a su hermana Mari Luz y su marido Manuel, como los responsables del atroz suceso ocurrido hace más de dos décadas. El caso ha vuelto a la actualidad después de que Mari Luz confesara el crimen y explicara detalles sobre cómo descuartizaron y enterraron a Juan. Pero su hermano, sobrinos y otros familiares aseguran que, tras la difusión pública de estos hechos, los acusados se han marchado de Dénia.
Durante la protesta, los familiares han reclamado al alcalde de Dénia que se involucre activamente y ejerza presión para que un juez firme la orden necesaria que permita la retirada de los restos humanos, citando informes periciales que obligan a su exhumación. Asimismo, han denunciado que la falta de apoyo institucional podría estar influenciada por prejuicios racistas.
