Confirma que el Ayuntamiento solo debe asumir las partidas técnicamente justificadas de las obras.
El Ayuntamiento de Ondara ha recibido las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativas a los dos procedimientos judiciales derivados del contrato de obras del Espai Jove, ejecutado por la mercantil Víctor Tormo S.L.
Sentencias que, según ha trascendido, confirman en gran medida los criterios técnicos y administrativos que el consistorio ha defendido desde el primer momento, y cierran un proceso iniciado tras las reclamaciones de la contratista. 
De esta forma, el TSJCV ratifica la mayor parte de la postura municipal y determina que el Ayuntamiento solo deberá abonar las cantidades técnicamente justificadas, confirmando un pago final de 158.825,09 euros más intereses por las obras no previstas y 4.000,78 euros por los costes derivados de la Covid-19. Todo ello implica que la justicia avala los criterios técnicos municipales y reduce a la mitad las pretensiones económicas de la contratista del Espai Jove, con la resolución de la instancia judicial que pone fin al litigio y que, según el equipo de gobierno, “confirma que el Ayuntamiento de Ondara actuó con rigor y ajustado a derecho en la gestión del contrato del Espai Jove”.
DOS PROCEDIMIENTOS PARA DILUCIDAR LOS 328.562,78 EUROS RECLAMADOS POR LA EMPRESA.
Durante la ejecución de la obra, adjudicada en marzo de 2019, la empresa presentó dos reclamaciones separadas correspondientes, respectivamente, a obras no previstas en el proyecto, cuantificadas en 230.509,29 euros, y por daños y perjuicios por los retrasos, calculados en 98.053,49 euros.
En cuanto a la primera, el Ayuntamiento reconoció y abonó en fase administrativa 69.577,72 euros, según informe de la Dirección Facultativa, aunque la empresa, en desacuerdo, reclamó judicialmente una diferencia de 160.910,29 euros. En esa vía, el TSJCV, en sentencia de 17 de septiembre de 2024, estima parcialmente el recurso y fija que son procedentes 89.247,37 euros de importe principal, a los que se unen los intereses legales.
Según el comunicado del equipo de gobierno, el total final que percibirá la empresa en este procedimiento es de 69.577,72 € ya pagados por el Ayuntamiento, y 89.247,37 € en concepto de intereses reconocidos por el TSJCV, lo que hace un total de 158.825,09 euros, a los que hay que añadir los intereses. “En este caso, por obras no previstas en el proyecto, de los 230.509,29 euros inicialmente reclamados, el tribunal descarta 71.684,20 euros, un 31% del total”, han especificado.
En cuanto al segundo de los procedimientos iniciados por daños y perjuicios por los retrasos, reclamados en paralelo por la mercantil por un importe de 98.053,49 euros por supuestos retrasos imputables al consistorio, el tribunal solo reconoce 4.000,78 euros derivados exclusivamente de la suspensión de la obra durante la pandemia de la COVID-19, y por tanto, según señalan, “el resto de la reclamación —más del 96%— queda desestimado”.
La nota incide también en que el total reclamado en los dos litigios era de 328.562,78 euros, y el total final reconocido ha sido de 162.825,87 euros más los intereses. “Esto significa que el Ayuntamiento solo debe asumir un 49,5% del total reclamado, mientras que más de la mitad de las pretensiones (50,5%) han sido rechazadas por los tribunales”, remarcan.
Para el alcalde, José Ramiro, “las sentencias confirman que el Ayuntamiento actuó correctamente y que solo se debían abonar las partidas justificadas por los técnicos, en lo que es una decisión que refuerza el rigor y la prudencia con que gestionamos los recursos públicos”. En ese sentido, ha destacado el papel determinante de una dirección facultativa que, subraya, “desde el primer momento defendimos que la Administración no debía pagar unidades de obra no acreditadas o precios incrementados sin acuerdo. Hoy los tribunales avalan esa postura”.
Ramiro se ha congratulado del resultado de unas resoluciones que, a su entender, “dejan el caso definitivamente cerrado, con plena garantía jurídica y transparencia, donde la prioridad de los responsables y técnicos municipales siempre ha sido proteger el interés general y evitar pagos indebidos”.
