El PSOE denuncia el abandono de las infraestructuras sociosanitarias
En la Marina Alta hay 1.330 personas en lista de espera para acceder a una residencia de mayores y de ellas, 321 en Dénia
El Centro Específico para Enfermedades Mentales (CEEM) y Centro de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS) de La Pedrera está paralizado desde hace aproximadamente un año sin que desde el gobierno municipal se conozca el motivo. A simple vista, la construcción del edificio, situado detrás del HACLE, en unos terrenos contiguos, está muy avanzada pero no hay movimiento en la obra, prácticamente terminada, desde hace meses. Es uno de los ejemplos que han puesto los socialistas para denunciar el abandono de las infraestructuras sociosanitarias por parte del gobierno valenciano dentro de una dinámica de degradación de los servicios públicos, ha remarcado el diputado José Chulvi.
Representantes del grupo municipal socialista, acompañados también por la diputada Silvia Gómez, miembro de la Comisión de Familia, Política Social e Igualdad y de la Comisión Permanente sobre Políticas Integrales de Discapacidad, han puesto también el ejemplo de la segunda residencia de Dénia, que de momento ni está ni se le espera. El alcalde, Vicent Grimalt, ha explicado que se pidió en octubre de 2025 a la ahora consellera -entonces secretaria autonómica-, Elena Albalat, aclaraciones sobre el futuro de los terrenos puestos a su disposición para construir la segunda residencia, también en la zona de La Pedrera. La respuesta fue que se iba a intentar incluirla en el plan de construcción de residencias de la Generalitat. En el mes de mayo se solicitó la respuesta por escrito y todavía hoy no ha llegado, ha indicado el alcalde. “Ahí tenemos 4.000 metros de terreno paralizados esperando que nos digan si la van a hacer o no”, ha puntualizado.
En la Marina Alta hay 1.330 personas en lista de espera para acceder a residencias de mayores. Según los datos aportados por la diputada Silvia Gómez, en Dénia en concreto son 321 y en el cómputo general de la provincia de Alicante la cifra roza las 15.000. La espera se alarga en Dénia hasta los dos años, precisaba la concejala Melani Ivars, una muestra clara a su juicio de que las políticas en materia de servicios sociales de la Generalitat Valenciana están muy lejos de poner a las personas en el centro del punto de mira. Adolecer de CRIS, CEEM y más plazas residenciales obliga además a las familias a desplazarse a otros lugares para acceder a unos servicios que son necesarios.
DOS CESIONES Y PARADO
Para hablar de la historia del CRIS y el CEEM Vicent Grimalt se ha remitido al año 2009. En septiembre de ese año se cedieron a la Conselleria los terrenos que el Ayuntamiento había adquirido en su momento para ampliar el antiguo hospital (hoy HACLE), una ampliación que nunca llegó. Según el documento de cesión de 2009, los terrenos deberían ser destinados al área sociosanitaria. Nada se hizo con ello y ante la inoperatividad de la administración y la caducidad de la cesión, puesto que habían transcurrido más de cinco años, volvieron a ser cedidos en 2021. Dos años después, en 2023, se iniciaron las obras.
Con las obras interrumpidas hace un año, el centro está pendiente de terminar y, como el alcalde indica, pendiente de además ser dotado de mobiliario y material. Grimalt no ve sentido alguno a la pasividad de la administración. “No podemos entender cómo para la derecha y extrema derecha -en alusión a PP y Vox- no son importantes esas cosas” y en cambio “prefieren gastarse el dinero en una corrida de toros y no acabar estos centros”. Lamenta que el PP de Dénia no se haya puesto a disposición del equipo de gobierno para acudir a la Conselleria para interesarse sobre el tema y se pregunta si se habrá puesto en contacto con las familias que están pendientes de estas infraestructuras.
Para Silvia Gómez, lo que está ocurriendo con las infraestructuras proyectadas en La Pedrera “es una muestra más del abandono y el ataque que están sufriendo las personas más vulnerables en la Comunidad Valenciana” desde que gobiernan PP y Vox, un gobierno popular con “la esencia total de la extrema derecha”. La diputada ha hecho referencia a la suspensión del Plan Convivint y a un desgobierno de la Generalitat Valenciana en el ámbito social que se pone de manifiesto en el interés privatizador de centros y servicios. “El modelo de Cotino”, ha añadido, “nos dejará a la altura del betún”.
Gómez, que ha tachado la situación de lamentable, ha atribuido la destrucción de las infraestructuras sociosanitarias del Plan Convivint a la actual consellera, quien, según indica la diputada, ha anunciado que no se van a hacer las nuevas construcciones contempladas en el Convivint y ha llegado a ofrecer a los ayuntamientos una lista de empresas que podrían ejecutar las obras si son asumidas por los municipios.
La diputada ha remarcado también que las 50.000 personas de la Comunidad con enfermedades mentales -13.000 diagnosticadas en la provincia de Alicante- necesitan unos recursos para tener una vida digna pero “a ellos (al gobierno del PP) les da igual”. Ha hecho alusión asimismo al desmantelamiento de centros que ya estaban en marcha y a enfermos mentales derivados a residencias, donde han de convivir con personas mayores dependientes cuando sus necesidades son distintas y los recursos que requieren son otros.
12.000 EUROS PARA CAMBIAR EL COLOR
Por su parte, José Chulvi ha remarcado que en esta dinámica de degradación de servicios públicos valencianos, especialmente la educación y los servicios sociales, son claras las intenciones de un PP que actúa bajo las órdenes de Vox: que las personas que necesitan de estos servicios sean derivados o acudan a centros privados. Ha dado el respaldo firme y el reconocimiento de los socialistas a los profesionales y las familias de Aprosdeco ante un gobierno que se niega a abonar los 600.000 euros que se adeudan para el funcionamiento del centro ocupacional de La Xara y se gasta entre 10 y 12 millones de euros en cambiar el color corporativo de la Generalitat Valenciana, ha señalado. El granate histórico está siendo sustituido por un azul popular con el que, indica, quieren poner su sello a los servicios públicos.
También la concejala Maria Josep Ripoll se ha solidarizado con las reivindicaciones Aprosdeco y sus familias y ha criticado el abandono de las personas más vulnerables por parte de la Conselleria.
