La portavoz socialista en Benidorm, Cristina Escoda, ha cuestionado la gestión de los expedientes de dependencia tras una nueva resolución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. El caso afecta a una persona de 87 años que solicitó la revisión de su grado en diciembre de 2025 y que, según la información trasladada por el PSOE, seguía pendiente de valoración meses después
La dependencia en Benidorm vuelve al debate político municipal después de que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana haya intervenido en un expediente relacionado con la revisión del grado de una persona de 87 años. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, ha utilizado esta resolución para reclamar cambios en la gestión de los servicios sociales y un refuerzo de los recursos destinados a estos procedimientos.
Según la información facilitada por el PSOE, la persona afectada presentó la solicitud de revisión el 5 de diciembre de 2025. Posteriormente, el expediente quedó comprobado y registrado en la aplicación informática en febrero de 2026. Sin embargo, durante la investigación del Síndic todavía no se había realizado la valoración. 
El organismo valenciano ha recordado en su resolución los plazos establecidos para estos procedimientos: tres meses para resolver el grado de dependencia y seis meses para el Programa Individual de Atención (PIA). A partir de estas conclusiones, el Síndic ha formulado un recordatorio legal al Ayuntamiento y ha recomendado realizar la valoración de la persona afectada sin más demora, según la información trasladada por los socialistas.
El caso vuelve a poner el foco en la tramitación de la dependencia
La resolución no se refiere únicamente a la situación de esta persona. El Síndic viene recibiendo reclamaciones relacionadas con los tiempos de respuesta de las administraciones en los procedimientos de dependencia, un área que concentra buena parte de las quejas vinculadas a los servicios sociales.
Este tipo de expedientes ha llevado al defensor valenciano a reclamar en diferentes ocasiones una mayor agilidad en la gestión de las valoraciones y prestaciones. Las demoras pueden prolongar la espera de personas que necesitan que su situación sea reconocida o revisada para acceder a los apoyos correspondientes.
A raíz de este caso, Cristina Escoda ha criticado la gestión municipal y ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que refuerce el personal destinado al área de Bienestar Social.
La portavoz socialista también ha dirigido sus críticas al gobierno municipal encabezado por Toni Pérez, al que responsabiliza políticamente de la situación de los servicios sociales en la ciudad. Estas valoraciones corresponden a la posición del grupo de la oposición, mientras que la resolución del Síndic se centra en el expediente concreto y en el cumplimiento de los plazos administrativos.
Escoda ha pedido además que el Ayuntamiento atienda la recomendación del defensor valenciano y adopte medidas para agilizar la tramitación de futuras solicitudes de dependencia.
El caso queda ahora pendiente de la valoración de la persona afectada y de la continuidad del procedimiento administrativo correspondiente.
