“Se está dando la espalda a las personas con discapacidad intelectual, a las familias, a los trabajadores y a la Marina Alta”
Nueve de julio y sin cobrar. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sigue sin hacer frente a la deuda contraída con Aprosdeco por la gestión del Centro Ocupacional y Centro de Día de La Xara, que asciende a 668.159,17 euros. Son ocho meses de impagos que han llevado la situación al límite. Los trabajadores no han cobrado la nómina de junio y, como dice la presidenta de la asociación, Ana Mª Vadillo, “dentro de poco no tendremos ni para comprar mascarillas o gel hidroalcohólico”. Las familias subrayan que el centro “no es un aparcamiento” de personas sino un lugar donde se imparten terapias que mejoran la calidad de vida de los usuarios, mientras que los representantes del personal han pedido un poco de “humanidad” a la administración. Desde los sindicatos se anuncia una concentración en Valencia para el día 22 de julio, para hacer oír la voz de las familias y los trabajadores de un centro “vertebrador de la comarca” y una asociación con 47 años de recorrido. 
Varios ayuntamientos -Dénia, Xàbia, Gata y Poble Nou de Benitatxell- han hecho llegar su apoyo a Aprosdeco y han anunciado la presentación de mociones en sus respectivos plenos para que la Conselleria haga frente a los pagos y se solucione el problema. La presidenta de la asociación ha lamentado que tampoco se haya cumplido el compromiso de la Dirección de Infraestructuras Sociales de abonar la semana pasada la factura de noviembre y ha puesto en duda que se vayan a abonar otras dos antes de que acabe julio, como se les dijo. Vadillo ha rechazado la idea de pedir un crédito, al que no se podría hacer frente, y ha lamentado que la consellera Mónica Oltra no se manifieste al respecto. “¿Nos han olvidado?”, ha cuestionado.
El portavoz de la Junta de Aprosdeco, Juan Cardona, remarcó ayer que la situación ha empeorado para las 91 personas con diversidad funcional intelectual que hacen uso del centro, que les proporciona educación en habilidades y “un soporte para entender la vida”, para sus familias, “para las que es de gran ayuda”, y también para los 33 profesionales que trabajan en él.
Cardona explicó que desde la Conselleria se arguye que el contrato con la asociación ha expirado y se encuentra en una situación de “resarcimiento injusto” hasta que se resuelva el nuevo proceso de licitación, lo que impide gestionar las facturas de forma más rápida. “Esta justificación es totalmente incierta -añadió-, ya que en los últimos 5 años y medio, la asociación únicamente ha estado bajo contrato dos años, el resto, los 3 años y medio en resarcimiento injusto y nunca se han acumulado retrasos tan importantes”. Acusó a la administración de incumplir con su responsabilidad y afirmó que con su actuación se pone de relieve que la acción social y la atención a las personas con discapacidad “vuelven a ser servicios de segunda que se pueden dejar de financiar sin más explicación porque seguirán siendo atendidos por profesionales tampoco considerados y valorados que no se merecen cobrar por su trabajo diario, y seguirán al frente asociaciones dispuestas a ahogarse, a asfixiarse, a caer para que a las personas con discapacidad y sus familias puedan seguir teniendo unos servicios de calidad”. “Conselleria -añadió el representante de la Junta- está dando la espalda a Aprosdeco, a las personas con discapacidad intelectual, a las familias, a las trabajadoras y a los trabajadores, a la Marian Alta, al colectivo y a la sociedad”.
