El Ayuntamiento liquida el presupuesto con un remanente total de 78 millones y defiende la buena salud de sus cuentas pese al impacto de la sentencia judicial de Serra Gelada
El Ayuntamiento de Benidorm ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un remanente de tesorería para gastos generales de 43,3 millones de euros, procedente del ahorro generado durante el año. A esta cifra se suman otros 8,18 millones en saldos de dudoso cobro y 26,48 millones correspondientes a financiación afectada para obras e inversiones en marcha, lo que eleva el remanente total hasta los 78 millones de euros.
El alcalde, Toni Pérez, ha dado a conocer estos datos en rueda de prensa, donde ha asegurado que las cuentas municipales “están saneadas” y cumplen con todos los parámetros legales. Además, ha subrayado que el consistorio mantiene capacidad para atender nuevos gastos “sin necesidad de subir impuestos ni tasas”. 
Entre las inversiones en ejecución vinculadas a la financiación afectada figuran actuaciones como la rotonda de la N-332 o el Vial Discotecas.
En paralelo, el alcalde ha avanzado que el presupuesto municipal de 2026 se aprobará en breve y será “equilibrado”, ajustado a la normativa y similar al borrador presentado en diciembre.
Asimismo, el gobierno local prevé lanzar una nueva edición del bono consumo #BenidormTeDaMás entre el 15 y el 31 de diciembre de 2026. Pérez ha defendido esta iniciativa por su doble impacto: aliviar la economía de las familias y dinamizar el comercio local.
Impacto de la sentencia y plan económico
La liquidación del presupuesto de 2025 ha estado marcada por la contabilización de una sentencia judicial relacionada con el APR7 de Serra Gelada, por un importe de 348,6 millones de euros. Este hecho ha provocado el incumplimiento puntual de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.
No obstante, según un informe de Intervención, se trata de una situación “extraordinaria y coyuntural”, por lo que el Ayuntamiento deberá elaborar un plan económico-financiero de carácter formal que no implicará medidas restrictivas.
El Consistorio prevé que esta cuantía se reduzca progresivamente conforme se ejecute el acuerdo extrajudicial alcanzado con la parte demandante en marzo de 2026.
Respuesta a la oposición
Durante su comparecencia, el alcalde también ha respondido a las críticas del grupo socialista sobre la adjudicación de contratos menores. Pérez ha rechazado las acusaciones y ha defendido la “transparencia y legalidad” en la gestión municipal desde 2015.
En este sentido, ha asegurado que todos los contratos han sido fiscalizados y ha acusado a la oposición de “engañar a la ciudadanía”. Asimismo, ha reivindicado la gestión de su equipo en materia de control del gasto público.
