Contar en el municipio con personas en riesgo de desahucio es un drama ante el cual el Ayuntamiento no puede quedar de brazos cruzados. Todos los partidos políticos representados en el mismo deben implicarse en la solución a esta problemática. No nos sirve que las cosas se resuelvan a golpe de decreto y con diversas medidas faltas de coordinación y de un riguroso estudio que nos asegure que serán realmente efectivas. Es un asunto de Estado y de humanidad, no una cuestión de ideología. Por tanto, estas situaciones deben resolverse mediante un pacto de fuerzas, establecido con la participación de cada una de ellas y desde el mayor consenso posible. Abrir puertas, ventanas y tirar tabiques, si hace falta. A plena luz, a la vista de todos y huyendo de los departamentos estancos, los despachos a puerta cerrada y la información a cuentagotas. Eso sí, sin perder de vista la gravedad del asunto que nos atañe. Y es que hay demasiadas personas en nuestra ciudad que han quedado desamparadas fuera de sus casas y otras muchas corren un riesgo extremo de perderlas.
Según las últimas informaciones publicadas, por ahí parece que van a ir los tiros. Por lo menos, esa es la intención del equipo de Gobierno dianense y, en especial, de uno de los concejales que, de manera particular y altruista, más ha estado luchando por paralizar y aplazar casos de lanzamientos, en los últimos cuatro años: Óscar Mengual. Ahora falta saber el grado de voluntariedad con el que la oposición afronta el reto. Un reto arduo, cuyo rumbo estará marcado por los matices ideológicos que cada partido quiera aportar al debate. Tampoco sabemos hasta qué punto las entidades crediticias se mostrarán reacias a negociar con el consistorio la aplicación de las medidas que, emanadas de un pacto entre los seis, afecten directa o indirectamente a su previsión de beneficios. 
No es tarea fácil. Establecer una relación de interés social con entidades puramente económicas roza la utopía por definición. Pero es tan necesario, que los portavoces políticos locales deben demostrar su capacidad de liderazgo y emplear todos los esfuerzos de sus grupos en resolver cuanto antes esta desgraciada situación. Es una cuestión de derechos fundamentales, no un debate sobre la propiedad privada. Aún así, se debe buscar el mayor equilibrio posible, a través de mecanismos de compensación que contenten a ambas partes y de una negociación que llega una legislatura tarde y que requiere de una pronta resolución. Es ahora o nunca.
(*) Periodista.
