Alumnos del Raquel Payà se quedarán sin atención a partir de septiembre

En el Centre Ocupacional no hay plazas y la Conselleria debe 359.245 euros

En la valla que rodea el Centre Ocupacional i Centre de Dia de La Xara se lee en un gran cartel en el que se lee: “La Conselleria no paga”. Hace unos meses, la deuda era de 571.842 euros, correspondientes al período de octubre de 2025 a marzo de 2026. A fecha de hoy, la Conselleria debe las mensualidades de febrero, marzo, abril y mayo, o lo que es lo mismo, 359.245 euros. Mientras tanto, las familias de los usuarios han aportado dinero para que Aprosdesco pueda pagar las nóminas a los trabajadores que atienden a 94 personas con discapacidad procedentes de 12 municipios de la Marina Alta.

            Pero estos retrasos son el mal menor, por decirlo de algún modo. Lo cierto es que la situación de los recursos sociales y sociosanitarios agoniza. Así lo han puesto de manifiesto los representantes del AMPA del Centre d’Educació Especial Raquel Payá. Hay un grupo de usuarios que se quedará sin atención a partir de septiembre. Tienen 22 años y, por ley, no pueden permanecer más en el centro. Uno de sus progenitores, el padre o la madre, no tendrá más remedio que dejar de trabajar para atender y cuidar a su hijo o hija.

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            En el Centre Ocupacional i Centre de Dia de La Xara no solo no hay plazas sino que, incluso, no se conoce ni la lista de espera. No hay noticia alguna por parte de la Conselleria. Desde el mismo centro se denuncia que hay una infrafinanciación estructural derivada de unos precios establecidos en el momento de la adjudicación del programa, en el año 2019, que no ha evolucionado de manera proporcional al incremento de los costes reales del servicio. O dicho de otro modo, los precios no se han actualizado y esto provoca que el coste real de la atención que reciben los usuarios sea muy superior a la financiación percibida, “generando una situación difícilmente sostenible y una evidente desigualdad entre las obligaciones que se exigen y los recursos económicos que se aportan para hacerles frente”, subrayan desde el centro.

            La directora del Centre Ocupacional i Centre de Dia de La Xara, Ana Zambrana, ha explicado que el suyo es un contrato con la Conselleria de gestión integral. Pero hay otra modalidad, denominada de acción concertada, en la que la administración autonómica destina 600.000 euros más al año en comparación a lo que paga por la gestión integral. Una diferencia abismal que Zambrana califica de “no justa porque se trata de mucho dinero que nos serviría para tener un logopeda, una enfermera y más personal para ofrecer una mejor atención”. Los gastos del servicio de autobús están incluidos en el contrato mientras que en la otra modalidad se da una subvención de hasta 20 euros al día. “No es una cuestión menor porque nosotros tenemos hasta tres rutas diferentes porque atendemos a usuarios de 12 poblaciones y los gastos son elevados”, señala la directora.

            Desde Aprosdesco denuncian que la Marina Alta necesita de una planificación real de los recursos sociales y sociosanitarios, es decir, más infraestructuras, más plazas y una financiación suficiente que permita garantizar la calidad de los servicios. Una demanda que comparten muchas entidades de la comarca que trabajan diariamente con las personas más vulnerables, como es el caso de ADIMA, LUDAI, Cerebrum, TDAH +16 y AMADEM.

MOVILIZACIONES DE PROTESTA

            El propio Síndic de Greuges ha reconocido en un informe el incumplimiento del derecho de igualdad a la hora de poder acceder a residencias y centros especializados. La más cercana es la de Potries y tiene una lista de espera de más de 10 años. Cesc Roig, diputado autonómico por Compromís, confirmó que en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para lo que resta de año no hay ni un solo euro para construir más centros. Los alcaldes de Dénia, Pedreguer y Gata de Gorgos manifestaron su voluntad de colaborar en la medida de lo posible aunque la competencia directa es de la Conselleria. Vicent Grimalt comentó que “ni tan siquiera han contactado con nosotros para saber si disponemos de suelo que podríamos ceder para hacer un centro público”.

            La portavoz del PP, Pepa Font, también estaba en la comparecencia pública de Aprosdeco y se comprometió a trasladar a Valencia la delicada situación de los recursos sociales y sociosanitarios en la Marina Alta. Ante posibles movilizaciones de protesta –propuestas por el propio Grimalt- como las que están llevando a cabo los docentes, Font abogó por agotar todas las vías de negociación posibles e incluso que sean los propios ayuntamientos los que contacten con la Conselleria para ceder suelo. Ahí llegó la polémica porque el alcalde de Gata, Toni Signes, le dijo que “no ha estado en ninguna reunión y ahora viene de salvadora y a darnos lecciones”. No hubo ocasión para la réplica porque se paró de inmediato la charla que había tomado tintes políticos en un foro en el que no tocaba.

            Aun así, Gerard Fullana, diputado autonómico, comentó que “ya hay solares cedidos en Xaló y Pedreguer y habría que recuperar estos proyectos que están parados”. El alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, confirmó este extremo y añadió que “el proyecto técnico está listo y pendiente de la aportación económica de la Conselleria para que sea realidad”.

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