La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calp ha acordado modificar la Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente Urbano para incrementar las sanciones por vertidos que pueden llegar a 3.000 euros. La dispersión urbana del municipio favorece el depósito de vertidos incontrolados y dificulta la recogida ordenada de los mismos. Por ello, el presupuesto municipal de 2026 contempla dos plazas de vigilantes ambientales con potestad sancionadora para extremar la vigilancia de cualquier tipo de vertido incontrolado, con identificación de las personas y la aplicación si procede de la sanción correspondiente.
Los particulares pueden depositar los restos de podas en el Punto Blanco, ubicado en la avenida del País Valencià, y los profesionales del sector han de llevar los al vertedero autorizado. Está prohibido arrojar este tipo de vertido en la vía pública, solares o espacios libres ya sean de propiedad pública o privada.
