La propuesta de prorrogar durante un año más la moratoria para nuevos alojamientos turísticos, elevada al pleno ordinario por el equipo de gobierno del PSPV, ha salido adelante con los votos de sus cinco concejales y los tres de Compromís, y en contra de los cuatro presentes del PP.
La medida implica que no se podrán tramitar nuevas licencias ni declaraciones responsables para convertir inmuebles en alojamientos turísticos hasta que se apruebe la modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, ante la ausencia de regulación específica sobre este tipo de viviendas. En esa línea, se aboga por mantener la protección del suelo urbano vigente desde diciembre de 2024, frente a un incremento descontrolado del uso turístico, con el fin de evitar tensiones en el mercado de la vivienda y problemas de convivencia.
No obstante, los proyectos ya autorizados antes de la suspensión no se ven afectados, pero no se admitirán nuevas solicitudes hasta que finalice la moratoria. 
Para el alcalde, José Ramiro, “esta prórroga es necesaria para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible, porque no podemos permitir que la presión turística desfigure nuestro modelo urbano ni afecte la calidad de vida de los vecinos”.
Esta consideración no ha sido compartida por el Partido Popular, que ha justificado su voto en contra por no haberse presentado ninguna ordenanza ni cronograma para regular los alojamientos turísticos. Su portavoz, Agustín Vaquer, criticó la falta de diálogo y advirtió que la suspensión “sin contenido” se ha convertido en una prohibición encubierta. En esa línea, afirmó que el PP defiende que el turismo debe ser ordenado, pero no demonizado, y reclama una norma clara para evitar la masificación y problemas de convivencia.
Por su parte, Compromís dio apoyo a la prórroga, pero pidió mayor implicación del gobierno municipal y prioridad técnica para avanzar en la regulación, con el objetivo de que no se repita la misma situación el próximo año.
Otra prórroga abordada por la corporación en la sesión de diciembre ha sido la del Pla Jove, que ha obtenido luz verde con los votos a favor de socialistas y valencianistas y la abstención del grupo popular.
La iniciativa ha sido defendida por el equipo de gobierno con el fin de tratar de evitar un vacío normativo y garantizar la continuidad de las acciones mediante el mantenimiento activo de las líneas estratégicas y programas contemplados hasta la aprobación definitiva del nuevo documento. Por el contrario, desde el grupo municipal popular se ha calificado de “solución improvisada” la prórroga, debido a la falta de planificación del equipo de gobierno, dado que, a su juicio, era previsible que el plan caducara en 2025.
A pesar de las divergencias en la materia, la unanimidad de todos los grupos ha estado presente en la renovación del convenio con el IVAJ para la distribución del Carnet Jove en el Centro de Información Juvenil de Ondara, con el fin de mantener las ventajas en servicios culturales, educativos, deportivos y comerciales, y facilitar la movilidad y la interconexión de los jóvenes.
“Invertir en juventud es apostar por el futuro del municipio. Con estas medidas garantizamos recursos, oportunidades y ventajas para las personas jóvenes, manteniendo activas las políticas que han funcionado y ampliando servicios como el Carnet Jove”, ha afirmado el alcalde.
Asimismo, la corporación ha suscrito por unanimidad la adhesión del municipio a la Xarxa impulsada por la MACMA para coordinar políticas locales de igualdad y planificar acciones conjuntas, y ha nombrado a Raquel Mengual como representante titular y a Rosa Ana Marí como suplente.
