El tribunal inadmite la impugnación de la Entidad de Conservación por falta de legitimación y la condena a pagar hasta 1.000 euros en costas
Los tribunales vuelven a respaldar las actuaciones municipales para asegurar el abastecimiento de agua en Altea Hills tras inadmitir el recurso presentado por la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono La Mallà-Altea Hills contra los acuerdos de emergencia que el Ayuntamiento de Altea aprobó en septiembre de 2024.
La Sentencia 303/2026, dictada el pasado 18 de noviembre por la plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, rechaza de plano la demanda al concluir que la entidad carece de legitimación activa.
En concreto, el fallo determina que este colectivo no posee la titularidad ni la gestión de la red hidráulica —competencia exclusiva de la concesionaria municipal—, por lo que tampoco puede oponerse a unas obras destinadas a proteger un servicio esencial.
Asimismo, este pronunciamiento sigue la línea de la Sentencia 314/2026 del pasado 27 de julio, cuando la Justicia ya desestimó íntegramente un recurso paralelo de la anterior gestora, Aguas Potables de Bernia, S.L. (APOBERSA). En aquella ocasión, el tribunal ratificó el grave deterioro acumulado en las infraestructuras y avaló la legalidad de la intervención urgente para garantizar el caudal y la calidad del suministro.
Respaldo a la gestión municipal
Tras conocer el fallo, que impone a la Entidad de Conservación el pago de las costas procesales hasta un límite de 1.000 euros y admite recurso de apelación, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, valoró que ambas resoluciones demuestran que el consistorio actuó con responsabilidad para proteger a los residentes ante un riesgo real en el suministro.
Por su parte, la concejala de Servicios Jurídicos, Mari Sastre, subrayó que la sentencia delimita con claridad las funciones de la entidad urbanística y refuerza la seguridad jurídica de una intervención guiada en todo momento por el interés general. De este modo, los acuerdos municipales mantienen intacta su validez para asegurar el agua potable en la urbanización.






