Una macrooperación policial internacional dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia ha permitido desarticular una red criminal dedicada al tráfico ilegal de personas y al narcotráfico entre Argelia y España. La investigación, que ha contado con la colaboración de la Policía Nacional de Francia, la Policía Federal de Bélgica y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como con la coordinación de Europol y Eurojust, se ha saldado con la detención de 20 personas y beneficios estimados en ocho millones de euros.
El origen del caso se remonta a octubre de 2022, tras el trágico hundimiento de una embarcación en aguas del Mediterráneo que transportaba a migrantes desde Argelia hacia la costa española y en el que desaparecieron 12 personas. A partir de los testimonios de varios testigos y de una compleja línea de investigación, los agentes descubrieron la existencia de una estructura criminal transnacional controlada por un clan familiar con base en Bélgica y una rama operativa fuertemente asentada en España. 
El modelo de negocio de la organización combinaba el traslado irregular de personas con el tráfico de sustancias estupefacientes en un flujo bidireccional. En origen, la red captaba a los migrantes en Argelia y les exigía pagos de entre 8.000 y 10.000 euros por pasajero, manteniéndolos en viviendas de seguridad hasta que las condiciones del mar permitían la travesía. Paralelamente, la infraestructura establecida en la península suministraba embarcaciones de gran potencia, pilotos especializados y combustible mediante la técnica del petaqueo, aprovechando los mismos trayectos para introducir drogas sintéticas y cocaína hacia la costa argelina.
La organización disponía de una división de tareas muy jerarquizada que operaba en varios países, incluidos Argelia, Marruecos y Francia, este último utilizado frecuentemente como destino final de los migrantes. La facción asentada en la provincia de Alicante gestionaba la logística marítima y adoptaba estrictas medidas de seguridad con vehículos lanzadera y contravigilancia, una célula que estaba dirigida por un individuo que actualmente cumple condena en prisión provisional en España. Para proteger sus alijos y evitar robos de otras bandas rivales, el entramado recurría de manera sistemática al uso de la violencia y de armas de fuego.
La fase final de la explotación operativa se ejecutó de forma simultánea en distintos territorios, destacando las actuaciones en las provincias de Alicante, Madrid, Vitoria y Murcia, además de las intervenciones en Bélgica. En total se practicaron 11 registros domiciliarios que permitieron el decomiso de dos embarcaciones de alta potencia equipadas con motores de gran cilindrada, un vehículo tipo pick-up, 27 petacas de carburante, armas de fuego, más de un kilo de MDMA en polvo, material de telecomunicaciones y 12.430 euros en efectivo. De los 20 detenidos, cinco han ingresado ya en prisión provisional mientras continúan las diligencias judiciales desde Dénia.
