Los populares reclaman un plan de contingencia, los informes sobre los servicios mínimos y posibles sanciones a Acciona mientras se acumulan residuos en distintos puntos de Calp
La huelga indefinida de los trabajadores de Acciona ha situado la limpieza de Calp y la respuesta del Gobierno municipal en el centro de la discusión política. El Partido Popular ha solicitado una Junta de Portavoces extraordinaria y urgente para que el Ejecutivo de la alcaldesa Ana Sala explique cómo está gestionando las incidencias en la recogida de residuos y la limpieza viaria.
La petición llega después de que se hayan registrado acumulaciones de basura en distintos puntos del municipio. La oposición considera que la información ofrecida hasta ahora es insuficiente y exige conocer qué actuaciones se han realizado desde el inicio del conflicto y, sobre todo, si existe un plan de contingencia preparado para el supuesto de que la huelga se prolongue. 
SERVICIOS MÍNIMOS BAJO EXAMEN
El PP quiere acceder a los informes técnicos elaborados por el Ayuntamiento, conocer las incidencias documentadas y comprobar el grado real de cumplimiento de los servicios mínimos. Según los datos difundidos por la formación, estos se han fijado en un 70% para la recogida y transporte de residuos y en un 60% para la limpieza viaria.
Los populares sostienen que el propio consistorio ha reconocido dificultades en la prestación y que se estarían estudiando posibles sanciones a la concesionaria. Por ello, reclaman saber qué incumplimientos se han detectado, qué requerimientos se han remitido a Acciona y si las deficiencias acabarán teniendo consecuencias económicas.
| LA CLAVE Externalizar el servicio no elimina la obligación municipal de vigilar el contrato y exigir que se cumpla |
UN CONTRATO DE 35,2 MILLONES
La controversia afecta a uno de los contratos municipales de mayor cuantía. De acuerdo con los datos facilitados por el PP, la adjudicación asciende a 35.216.866,90 euros, sin IVA, por un periodo de nueve años. El pliego contempla mecanismos de inspección y control, reducciones en las certificaciones cuando determinados trabajos no se prestan y un régimen sancionador ante posibles incumplimientos.
Para el PP, esas herramientas deben aplicarse si los informes confirman que el servicio no se está prestando en las condiciones pactadas. La formación subraya que la negociación laboral corresponde a Acciona y a su plantilla, pero que la supervisión de la concesión y la defensa de los intereses de los vecinos dependen del Ayuntamiento.
La presión política se dirige así hacia Ana Sala. Los populares sostienen que la alcaldesa debe aclarar qué controles ha efectuado su Gobierno, qué decisiones adoptará si el conflicto continúa y cómo impedirá que la situación se deteriore. “Hemos solicitado una Junta de Portavoces extraordinaria para conocer los informes, las medidas adoptadas y las actuaciones previstas si el conflicto se prolonga”, afirma el partido.
EL VERANO ELEVA LA URGENCIA
La huelga coincide con el verano, cuando Calp incrementa notablemente su población y también la generación de residuos. La oposición advierte de que la limpieza urbana es un servicio esencial tanto para los residentes como para la imagen turística del municipio y reclama una respuesta municipal más previsible y transparente.
El PP quiere que la Junta de Portavoces aclare qué zonas han resultado más afectadas, cuántas incidencias se han registrado, qué seguimiento diario está realizando el consistorio y qué alternativas legales y operativas podrían activarse si no llega pronto un acuerdo.
RESPETO A LA HUELGA, EXIGENCIA AL GOBIERNO
El grupo popular ha mostrado su disposición a reunirse con los trabajadores de Acciona para escuchar sus reivindicaciones. “Respetamos su derecho a reclamar y entendemos que es la empresa quien debe negociar. Pero el Ayuntamiento tiene la obligación de controlar el contrato y cuidar de nuestro pueblo”, sostiene la formación.
Con este planteamiento, el PP diferencia el conflicto laboral de la responsabilidad política. Ana Sala no es quien debe pactar las condiciones de la plantilla, pero su Gobierno sí debe fiscalizar una concesión millonaria, documentar cualquier incumplimiento, informar a los vecinos y utilizar las medidas previstas en el contrato cuando proceda.
La oposición anuncia que seguirá reclamando información mientras dure la huelga. Su exigencia es que el Ayuntamiento no se limite a esperar el resultado de la negociación entre empresa y trabajadores mientras aumentan las incidencias, sino que presente datos, un plan concreto y decisiones capaces de proteger la limpieza de Calp.
