La bajada del IBI rústico propuesta por el PP queda paralizada a raíz de la enmienda de Compromís
Los grupos de la oposición de Ondara han mantenido la postura manifestada hace un par de semanas en el pleno para iniciar el expediente con el fin de reducir el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 0,74% al 0,62% para el próximo ejercicio, a propuesta del PP, pese al informe de la secretaría-intervención, donde se ha advertido en la nueva sesión extraordinaria de esta semana que la reducción de ingresos obliga a ajustar el gasto para garantizar el equilibrio presupuestario y las reglas fiscales.
Lo que sí ha conseguido el citado informe, que estimaba la disminución de ingresos en 431.902,57 euros, es que Compromís enmendara la propuesta inicial, que también incluía el IBI rústico, para finalmente dejarlo invariable en el 0,85% actual y paliar así esa bajada en 40.964,95 euros. 
De esta forma, la propuesta ha salido adelante con los votos favorables de populares y valencianistas y en contra del equipo de gobierno del PSPV.
OPOSICIÓN DEL PSPV POR “RESPONSABILIDAD FISCAL”
El grupo socialista ha defendido su oposición a la bajada del IBI en aras de la “responsabilidad fiscal”, para mantener los tipos actuales y asegurar la continuidad de los servicios municipales y las ayudas sociales. El alcalde, José Ramiro, ha pedido expresamente a Compromís “una reflexión para que el pueblo pueda avanzar”, y ha apelado a “hacer políticas de izquierdas y progresistas frente a las políticas de derechas del PP, como bajar el IBI”.
En esa línea, ha advertido que la reducción del tipo impositivo del IBI urbano puede poner en riesgo la capacidad del Ayuntamiento para mantener los servicios públicos fundamentales, en aras del citado informe emitido al respecto por el secretario-interventor.
Ramiro ha salido al paso de los argumentos esgrimidos por Compromís respecto a la bajada del IBI aprobada en 2022 y la posterior subida acordada en 2023, para incidir en que esta última se debió a las restricciones fiscales vigentes. Restricciones que, según ha indicado, se han reactivado en el conjunto del Estado con la inclusión del techo de gasto, que impide a los ayuntamientos utilizar los ahorros acumulados —remanentes de tesorería— para financiar políticas públicas.
Así, ha señalado que, aunque Ondara dispone de 6 millones de euros en el banco, 4 de ellos están bloqueados por estas normas y no pueden ser gastados.
“El Ayuntamiento tiene que sobrevivir con los ingresos anuales, no con los ahorros. Si pudiéramos utilizar esos 4 millones, quizá sí podríamos plantear una bajada, pero ahora mismo no es viable”, afirmó antes de esgrimir el impacto económico de una medida que afecta directamente a la capacidad de financiar servicios como Cultura, Deportes, Promoción Económica, Políticas Sociales y ayudas.
Además, según remarca, el Ayuntamiento tiene compromisos de gasto pendientes, como 253.000 euros con Aigües de València —por la liquidación del servicio que ahora pasa a prestar el propio Ayuntamiento—; 50.000 euros para la Escoleta Infantil, y otras partidas que reducen el margen fiscal, destacando la RPT del Ayuntamiento, que está valorada en 250.000 euros.
Además, el alcalde ha mencionado que el grupo valencianista formó parte del equipo de gobierno hasta los últimos meses de 2024, para pedir a sus integrantes “coherencia” con la política fiscal anterior. En este sentido, ha recordado que en octubre de 2023 el ejecutivo municipal —en ese momento integrado por PSPV y Compromís— aprobó el tipo del 0,74% para garantizar unos ingresos suficientes que permitieran mantener los servicios municipales, dado que los entonces socios de gobierno consideraban la subida como necesaria y responsable, al tiempo que reconocían que el Ayuntamiento debe ser un actor clave en el desarrollo local.
Ante ello, Ramiro ha calificado la medida aprobada como “electoralista y que no contempla las restricciones fiscales actuales”. Además, ha subrayado que la propuesta no afecta la parte rústica con la enmienda de Compromís, donde la mayoría de bancales pagan entre 15 y 20 euros, y por tanto beneficia principalmente a las propiedades urbanas de mayor valor. “A quien se perjudica no es a Ramiro ni al PSOE, sino al pueblo, que tendrá menos recursos para hacer políticas públicas”, ha manifestado antes de pedir a ambos grupos de la oposición “una abstención responsable si no se quiere votar en contra”, ya que, a su entender, “sin los ingresos previstos, es muy difícil que el pueblo avance y es necesario garantizar que el Ayuntamiento tenga los recursos necesarios para seguir ofreciendo servicios de calidad a la ciudadanía”, ha concluido.
No obstante, el portavoz de Compromís, Lluís Fornés, enmarcó la propuesta de bajada del IBI urbano como una medida coherente con la política fiscal aplicada en años anteriores y beneficiosa para la mayoría de las familias. En esa línea, mencionó que en 2023 se justificó la subida del IBI para garantizar los servicios municipales y que ahora, en 2025, se proponía una bajada que afecta positivamente a la gran mayoría de la población, ya que se centra en los bienes urbanos y no en la parte rústica, que representa una proporción menor del municipio.
Además, ha criticado que no se haya invitado a Compromís a participar en la elaboración de los presupuestos municipales en años anteriores, a pesar del aumento considerable de partidas como la de escuelas deportivas, que ha pasado de 270.000 euros en 2023 a los actuales 384.000.
Fornés ha justificado la presentación de la enmienda previamente en las comisiones anteriores al pleno, que suponía entre 40.000 y 50.000 euros más para el presupuesto del próximo año, y que, a pesar de ello, el PSPV había votado en contra. Esta circunstancia le llevó a preguntarse si ese voto contrario responde a una falta de ingresos reales o simplemente a un rechazo automático a las propuestas de Compromís.
En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), Fornés ha aclarado que no es necesario abonar los 260.000 euros en un solo ejercicio, ya que, a su juicio, puede realizarse un pago plurianual, comenzando con una partida de 80.000, que sería asumible dentro de los presupuestos municipales de 2026. En esa línea, ha subrayado que, aunque 50.000 euros no cubren el coste total, sí ayudan a paliar los efectos y a avanzar en la implementación de la RPT de manera responsable.
Por su parte, desde el PP han reivindicado la viabilidad de la propuesta de bajada del IBI urbano, apoyándose en el informe de intervención municipal, que confirma que sí es posible aplicar la reducción, aunque requerirá ajustes en determinadas partidas presupuestarias, como el capítulo de gastos corrientes y el de transferencias. El portavoz popular, Àlex Hernández, ha puesto el foco en la liquidación pendiente de la concesión del servicio de agua con Aguas de Valencia, que asciende a 253.000 euros, considerándola clave. “Esta deuda no se comunicó en el momento en que todos los grupos votaron a favor de la desprivatización del servicio, y eso pone en evidencia la falta de transparencia del actual gobierno”, ha denunciado, para criticar que el dinero destinado al agua se haya gastado en otras áreas y se utilice esa deuda como argumento para no bajar el IBI.
Hernández ha aportado datos comparativos para evidenciar lo que considera una mala gestión del gobierno municipal, como que en 2015, con 6.800 habitantes, el presupuesto de personal era de 2.800.000 euros, mientras que en 2025, con 7.500 habitantes, el gasto en personal ha aumentado prácticamente al doble. Finalmente, ha concluido que el informe de intervención respaldaba la propuesta del PP y que los datos expuestos dejaban en evidencia la gestión del PSPV, ya que, según ha sentenciado, “no hacen falta más reflexiones: el problema es de gestión, no de ingresos”.
La exposición del portavoz ha sido complementada por el concejal popular, Agustí Vaquer, con la aportación de datos económicos que, según él, evidencian la “necesidad de bajar el IBI urbano y frenar el incremento constante de la presión fiscal sobre la ciudadanía de Ondara”. Según precisó, los ingresos tributarios del Ayuntamiento han aumentado un 38% en los últimos ocho años, como se desprende del hecho de que en 2017 los ingresos eran de 4.770.000 euros, mientras que en 2024 han alcanzado los 6.495.000. Todo ello mientras la renta disponible de las familias ha crecido tan solo un 18%.
Vaquer ha advertido que “se está generando una estructura municipal desproporcionada, que se está comiendo al pueblo”, para reclamar un cambio de políticas que priorice la sostenibilidad fiscal y el bienestar de las familias, ya que, según concluye, “cada año se piden más ingresos, más impuestos, pero la gente no puede seguir pagando a este ritmo”.
