Exige que el Consejo financie el acceso al puerto
El Ayuntamiento de Dénia no firmará el protocolo de actuación remitido por la Generalitat Valenciana para el desarrollo urbanístico del sector Ronda Norte, según ha anunciado el equipo de gobierno. La regidora de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha advertido que aceptar esta fórmula significaría “secuestrar las competencias urbanísticas del municipio”, además de «saltarse y romper las costuras» del planeamiento vigente para dar a un modelo basado en “un pelotazo urbanístico» que no están dispuestos a consentir.
Ante el intento de la administración autonómica de vincular el desarrollo residencial con la construcción de las nuevas infraestructuras viarias, PSPV y Compromís han optado por activar la redacción de un plan parcial municipal, el proceso de licitación del cual ya se encuentra en marcha. El objetivo es configurar un barrio mediterráneo integrado en la trama urbana, con densidades medias, mezcla de usos, zonas verdes y dotaciones educativas que dan respuesta a las necesidades reales y cotidianas de los residentes. Maria Josep Ripoll ha puesto como ejemplo a evitar el desarrollo del sector C1, en el entorno de las Suertes del Mar, denunciando que la ausencia de interacción y servicios genera un modelo de urbanización vacía fuera de temporada. En esta línea, la concejala socialista ha recalcado la voluntad de evitar la creación de guetos de segundas residencias y de poner el foco en la función social de la vivienda, sentenciando que “no queremos un Benidorm para nuestra Dénia del futuro y no solo queremos vivienda de protección pública para ricos”. Para conseguirlo, ha recordado que la reserva mínima legal de vivienda protegida se sitúa en el 40% y que la presencia de suelo municipal y de terrenos del Ministerio de Vivienda permitirá ir mucho más allá mediante la actuación de Casa 47.
Uno de los puntos más criticados por el equipo de gobierno es el impacto físico y visual que tendría la aplicación del protocolo autonómico sobre el paisaje urbano de la capital de la Marina Alta. El equipo de gobierno ha revelado que el planteamiento de la Consellería pasa para duplicar la edificabilidad prevista actualmente para poder sufragar con estos aprovechamientos el coste de la nueva carretera. De este modo, los edificios de cuatro o cinco alturas contemplados en el Plan General Estructural pasarían a tener el doble de estatura, un extremo que Ripoll ha rechazado de pleno, señalando que “quién está realmente sufragando los costes de esa carretera es la ciudad, con el suyo skyline, y esto no se puede permitir”. Ripoll ha cuestionado igualmente la viabilidad de los servicios públicos ante una operación de esta magnitud y ha alertado que duplicar la densidad poblacional sin incrementar proporcionalmente las equipaciones pondría en riesgo la calidad de vida del municipio. Además, se ha preguntado “de donde vamos a sacar suelo para zonas verdes y para plazas en las escuelas y en los institutos si duplicamos la población”
Por su parte, el alcalde, Rafa Carrió, ha querido desmentir cualquier acusación de bloqueo institucional respecto a las comunicaciones viarias de la ciudad, dejando claro desde el primer momento que “el Ayuntamiento sí que quiere el acceso al puerto”. Sin embargo, ha defendido que esta conexión entre la carretera CV-725 y el recinto portuario tiene que ejecutarse como una obra pública financiada íntegramente por la Generalitat Valenciana, puesto que ambas infraestructuras son de titularidad autonómica y el puerto de Dénia es uno de los que más ingresos genera en todo el territorio valenciano, por lo cual ha subrayado que por falta de recursos económicos no será. Carrió ha insistido que el acceso ya figura contemplado en el Plan General Estructural y que el Ayuntamiento cumplirá con su parte reservando y cediendo el suelo necesario para la futura vía parco, pero sin cargar su coste sobre los propietarios del sector ni sobre el conjunto de la ciudadanía.
El alcalde ha remarcado esta división de funciones afirmando que “el plan parcial es del Ayuntamiento y la obra pública del acceso es de la Generalitat”, al tiempo que ha pedido que cada administración asuma su responsabilidad financiera sin poner en riesgo el equilibrio urbano ni el drenaje hídrico del en torno a los Colmillos. Se trata de una zona sensible para la cual el ayuntamiento ya ha adjudicado un estudio específico de inundabilidad mientras que la administración autonómica todavía no ha impulsado ningún informe sectorial.
Por otra parte, el equipo de gobierno ha expresado su profunda inquietud ante la nueva Ley del Suelo que se está tramitando por la vía de urgencia en las Cortes Valencianas y que sustituirá la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Maria Josep Ripoll critica que la reforma legislativa reduce las garantías de participación ciudadana y transparencia, relega los planes generales a simples documentos orientativos y devuelve al urbanismo especulativo de la década de los noventa que ya demostró su ineficacia para abaratar el precio de la vivienda. Al respecto, la regidora ha denunciado que “los promotores han entrado a la cocina de Consellería para cocinar esta ley del suelo” y ha advertido del grave peligro que supone dar carta blanca a la iniciativa privada para construir en cualquier clase de terreno, incluidas las zonas inundables, así como la reducción de los porcentajes mínimos de vivienda pública en los planes parciales ordinarios por debajo del umbral estatal.
Ante este escenario de cambios normativos, el gobierno municipal ha justificado su negativa a firmar un documento que obligaría el ayuntamiento a dar su visto bueno por avanzado a las decisiones de la Consellería. Tal como ha resumido la regidora de Territorio en relación a a la propuesta de reparto de tareas planteada por la administración autonómica, “poder decidir por donde va la calle está bien, pero si las edificabilidades las vas a decidir tú, tenemos un problema, no me fío”. Sin embargo, Carrio y Ripoll han reiterado su mano extendida en la Generalitat para coordinar el desarrollo de la Ronda Norte y la construcción del acceso al puerto desde el respeto mutuo a las competencias de cada institución.
