La reunión celebrada este miércoles entre el director general de Costas, Marc García Manzana, y el gobierno municipal de Dénia ha dejado patente que las posturas sobre el futuro de la zona de Tamarindos son irreconciliables. Mientras la Generalitat defiende la construcción de un centro de ocio y restauración en el puerto, el ejecutivo local se opone frontalmente y advierte que “batallará” para que el proyecto no se haga realidad.
La reunión se produce tras la polémica generada por la publicación, la pasada semana en el DOGV, de la licitación del concurso público para desarrollar este espacio situado entre la playa de la Punta del Raset y el acceso al Moll de la Pansa. El proyecto contempla la instalación de un Beach Club de hasta nueve metros de altura, junto a otras propuestas de hostelería y ocio. 
El alcalde Grimalt reiteró la negativa del equipo de gobierno a la iniciativa. Ha manifestado que «no nos gusta esa privatización del espacio. No es lugar para más zona de ocio o restauración, ni para un edificio. Es un espacio natural que hay que preservar, y más en tiempos de cambio climático”.
En la misma línea, el vicealcalde, Rafa Carrió, insistió en que el proyecto “no cuadra con el modelo de ciudad” en el que trabaja el gobierno local y recordó que “la mayoría de la gente entiende que esa zona es playa y que cuenta con una protección dunar que debe mantenerse”.
El ejecutivo municipal considera que cualquier construcción en primera línea queda expuesta a temporales y contradice la estrategia de resiliencia climática de la ciudad. Además, denuncian que, históricamente, el Ayuntamiento se entera de los planes para el puerto por boletines oficiales o comunicados de la comisionada, Pepa Font, y no a través de un diálogo fluido entre administraciones.
Por su parte, García Manzana recordó que el proyecto no es nuevo, sino que comenzó a tramitarse en 2019, durante el gobierno del Botànic, cuando una empresa de Dénia presentó la primera propuesta. Remarcó que en 2023,el Ayuntamiento emitió incluso un informe favorable dentro del procedimiento. Este año han llegado dos nuevas iniciativas, también de empresas locales, lo que obliga a convocar una licitación pública.
El director general defendió que los Tamarindos son una zona portuaria degradada, ocupada en su día por la carretera de la escollera y donde las actuales dunas se han formado sobre los escombros. “Se trata de una parcela de uso terciario definida en el Plan de Usos del Puerto de 2007, que prevé instalaciones hosteleras. No estamos hablando de una discoteca ni de un centro comercial, sino de espacios de restauración y ocio que complementen la oferta del puerto”, señaló.
Entre los criterios de adjudicación se incluyen la integración paisajística, la desestacionalización de la oferta turística y la creación de un jardín dunar que actúe como transición entre el puerto y la playa. Además, el pliego establece una altura máxima de nueve metros desde el nivel del mar, inferior a la de los edificios ya existentes en la zona, así como la obligación de garantizar plazas de aparcamiento suficientes para evitar problemas de tráfico.
García Manzana comentó que «ese proyecto lo hizo la Administración en el año 2019, es decir, ahí estaba gobernando el Botànic, que lo tramitó haciendo una serie de requerimientos para que se adaptaran a las circunstancias del puerto. Tenemos una normativa interna de puertos con las alturas máximas, el ratio de aparcamientos, etcétera». Además, remarcó que se pidió un informe al Ayuntamiento, que lo emitió el 14 de febrero de 2023 poniendo una serie de condiciones, pero en ningún caso fue negativo. «Por lo tanto, el Ayuntamiento es plenamente conocedor de lo que se estaba tramitando ahí», añadió.
El enfrentamiento entre administraciones se suma a la contestación social: el pasado domingo, unas 300 personas se concentraron contra el proyecto en la primera protesta improvisada. Para Grimalt y Carrió, el gobierno local tiene claro que seguirá oponiéndose por considerarlo contrario al interés ciudadano.
Desde la Generalitat, García Manzana insistió en que el procedimiento es transparente y se ajusta a la Ley de Puertos: “Lo lógico es que trabajemos juntos y que salga adelante el mejor proyecto posible para la ciudad y el puerto”.
De momento, la brecha entre ambas visiones parece difícil de cerrar. Mientras el Consell apuesta por la colaboración público-privada para revitalizar el puerto, el Ayuntamiento defiende mantener los Tamarindos como espacio natural y libre de edificaciones.
