El incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de recogida de residuos en Calp ha llevado al Ayuntamiento a exigir a Acciona Servicios Urbanos que adopte medidas inmediatas para garantizar la correcta prestación del servicio. El consistorio reclama a la concesionaria que complete las rutas previstas y aporte información detallada sobre los trabajos realizados.
CALP | El Ayuntamiento de Calp ha requerido a Acciona Servicios Urbanos que garantice la ejecución completa de los servicios mínimos establecidos durante la huelga indefinida convocada por el Comité de Empresa de la concesionaria de recogida de residuos.
La decisión municipal llega tras un informe del responsable del contrato, que advierte de posibles incumplimientos en la prestación del servicio y reclama a la empresa que aplique de forma inmediata las medidas necesarias de organización, dirección y control. 
El Ayuntamiento reclama la recogida completa de residuos
Entre las principales exigencias, el consistorio solicita a Acciona que garantice la realización íntegra de las rutas programadas de fracción resto y residuos orgánicos, además de la retirada de los residuos acumulados alrededor de los contenedores.
Asimismo, el informe municipal señala que la presencia de trabajadores o la salida de los equipos de recogida no supone por sí misma el cumplimiento de los servicios mínimos si las rutas quedan incompletas o no se ejecutan correctamente.
Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado a la empresa que, en un plazo máximo de 24 horas, presente un informe documentado sobre los servicios realizados desde el inicio de la huelga. El documento deberá incluir las rutas no completadas, los motivos, los puntos pendientes, los horarios efectivos, los medios utilizados, registros GPS y partes de trabajo.
Además, Calp exige que Acciona mantenga operativa la maquinaria necesaria para garantizar el servicio y que sustituya o repare de forma inmediata cualquier equipo afectado por averías o incidencias.
El consistorio también advierte de que los incumplimientos que puedan acreditarse podrían derivar en deducciones económicas y penalizaciones contractuales, con multas previstas de hasta 50.000 euros para infracciones muy graves, 15.000 euros para graves y 6.000 euros para leves.
Finalmente, ante la continuidad del conflicto laboral, el Ayuntamiento plantea que la empresa valore acudir a la mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) para avanzar en una solución.
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