La alcaldesa solicita identificar a los responsables de ‘Fiscaliza Calpe’ y cerrar cautelarmente el perfil después de que este preguntara si un nicho pudo ser exhumado irregularmente para enterrar a su padre
REDACCIÓN | CALP | 14 DE AGOSTO DE 2026
La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha optado por la vía penal frente a una de las voces más incómodas surgidas en las redes sociales del municipio. Según el comunicado difundido por Somos Calpe, Sala ha presentado una querella contra la cuenta de Facebook ‘Fiscaliza Calpe’ por publicaciones que considera falsas, reiteradas y gravemente perjudiciales para su honor, el de integrantes del gobierno municipal y el de miembros de su familia.
La acción judicial va más allá de solicitar que se valore si los mensajes pueden constituir delitos de calumnias o injurias. La querella reclama que se identifique a la persona o personas que administran el perfil, que Facebook preserve los contenidos publicados y que el juzgado acuerde la cancelación cautelar de la cuenta. Es decir, mientras la Justicia investiga lo ocurrido, la alcaldesa pretende que el perfil deje de publicar. 
La iniciativa ha sido anunciada y respaldada políticamente por Somos Calpe, aunque la querellante es Ana Sala como principal afectada. La formación sostiene que no busca limitar la libertad de expresión ni impedir la fiscalización del gobierno. Sin embargo, la petición de cerrar provisionalmente una cuenta crítica abre inevitablemente otro debate: dónde termina la protección legítima del honor de una representante pública y dónde comienza el riesgo de desalentar o silenciar el escrutinio ciudadano.
La pregunta que provocó la reacción
Entre los contenidos señalados aparece una publicación encabezada con la palabra ‘EXHUMACIONES’. En ella, ‘Fiscaliza Calpe’ preguntaba si el padre fallecido de Ana Sala se encontraba enterrado en un nicho que podría haber sido exhumado irregularmente y si ese espacio había pertenecido anteriormente a Irene Craig. La formulación se presentaba como una serie de preguntas y no como una sentencia judicial, pero introducía directamente a la familia de la alcaldesa en uno de los asuntos más delicados que ha atravesado el Ayuntamiento de Calp.
El perfil sostenía que dejaba planteadas esas cuestiones ante lo que consideraba una falta de explicaciones municipales y la existencia de ‘dudas realmente razonables’. También afirmaba que su actividad era meramente informativa, basada en documentación obtenida de fuentes abiertas, y que no atribuía expresamente responsabilidad penal o administrativa a las personas mencionadas.
Hasta el momento, y de acuerdo con la información publicada, la página no ha presentado pruebas que permitan relacionar a Ana Sala o a sus familiares con una exhumación irregular. Esa ausencia de pruebas debe quedar clara: las preguntas del perfil no demuestran que la alcaldesa participara, conociera o se beneficiara de actuación ilícita alguna. Pero tampoco elimina el interés público de reclamar explicaciones transparentes cuando las sospechas se proyectan sobre la gestión de un cementerio municipal ya afectado por irregularidades constatadas.
Un cementerio bajo sospecha desde hace años
Las publicaciones no surgieron en el vacío. La Audiencia Provincial de Alicante condenó a un exconcejal y a un técnico del Ayuntamiento de Calp por una exhumación irregular ocurrida en enero de 2019. Según los hechos declarados probados en aquella causa, el objetivo era disponer de un nicho para enterrar a la abuela del técnico municipal. El exedil recibió nueve años de inhabilitación y el funcionario fue condenado a dos años, tres meses y un día como cómplice de prevaricación administrativa.
Ambos fueron absueltos de otras acusaciones, entre ellas falsedad documental, delito contra el respeto a los difuntos, contra la integridad moral y coacciones. No existe, con la información disponible, elemento alguno que vincule a Ana Sala o a su familia con aquel delito. Confundir ambos episodios sería incorrecto y podría resultar difamatorio. La relevancia del caso anterior es contextual: demuestra que las irregularidades en el cementerio no son una invención de las redes sociales, sino un problema que ya llegó a los tribunales y terminó en condena.
La magnitud de las dudas aumentó cuando el Ayuntamiento constituyó una comisión de investigación para examinar la gestión del cementerio durante el periodo comprendido entre 2010 y 2016. En su primera reunión, celebrada en marzo de 2025, sus integrantes recibieron un informe técnico que señalaba aproximadamente cuarenta y cinco traslados individuales que debían ser revisados. Esa cifra explica por qué cualquier nueva pregunta sobre nichos, restos y autorizaciones despierta una especial alarma social en Calp.
¿Desmentir, explicar o cerrar la cuenta?
Ana Sala afirma que durante mucho tiempo decidió no responder y continuar centrada en la gestión municipal. Ahora sostiene que se ha superado la frontera de la crítica política y que las publicaciones lesionan gravemente su reputación. ‘No todo vale en política y tampoco todo vale en las redes sociales’, ha defendido la alcaldesa al justificar su decisión de acudir a la Justicia.
La defensa del honor es un derecho, también para quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, el modo elegido por Sala merece un análisis crítico. La querella no se limita a exigir una rectificación, solicitar la retirada de contenidos concretos o reclamar una indemnización si se acredita un daño. También pretende descubrir la identidad de quienes administran el perfil y lograr la cancelación cautelar de toda la cuenta. La medida, si prosperara, impediría igualmente la difusión de publicaciones que no guarden relación con los mensajes discutidos.
Somos Calpe insiste en que la actuación no persigue frenar el control político. Pero la mejor manera de demostrarlo sería ofrecer una respuesta pública, concreta y documentada a cada pregunta: qué persona ocupaba el nicho, cuándo se produjo cualquier traslado, con qué autorización, qué expedientes existen y si el entierro del familiar de Sala siguió exactamente el procedimiento ordinario. Una explicación verificable tendría más capacidad para despejar sospechas que el simple cierre de la página que las formuló.
También corresponde exigir responsabilidad al perfil. Plantear preguntas insinuando posibles irregularidades graves no convierte automáticamente el contenido en neutral. Cuando una publicación identifica a personas, menciona a familiares fallecidos y sugiere una conexión con actuaciones ilegales, debe aportar documentación sólida, permitir el contraste y corregir cualquier afirmación que resulte falsa. La fiscalización no puede convertirse en una licencia para dañar reputaciones sin pruebas.
La Justicia tendrá la última palabra
El juzgado competente deberá decidir ahora si admite la querella, qué diligencias considera proporcionadas y si las publicaciones tienen relevancia penal. También tendrá que valorar la petición de identificar a los responsables del perfil y la pretensión de suspender cautelarmente la cuenta. Presentar una querella no significa que exista delito, del mismo modo que formular preguntas en Facebook no demuestra las irregularidades insinuadas.
Ana Sala ha emplazado a cualquiera que crea que pudo cometer un delito durante su gestión a presentar una denuncia ante los tribunales. Es una exigencia razonable cuando existen pruebas de una conducta penal. Pero en democracia la rendición de cuentas no se agota en los juzgados: los ciudadanos y los medios también pueden preguntar, investigar y reclamar documentos sin necesidad de formular previamente una acusación penal.
El caso enfrenta dos derechos que deben convivir: el honor de las personas y la libertad para fiscalizar a quienes gobiernan. Mientras no haya una resolución judicial, no puede afirmarse que Ana Sala participara en ninguna exhumación irregular ni que ‘Fiscaliza Calpe’ haya cometido un delito. Lo que sí es un hecho es que la alcaldesa ha elegido responder a una cuenta crítica con una ofensiva judicial que incluye la petición de cerrarla. Y esa decisión, por sí sola, ya constituye una noticia de evidente interés público.
