Dénia ha decidido acudir a los tribunales para desbloquear su abandono del Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina Alta. El pleno aprobó el jueves la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de respuesta de la Diputación. Según el equipo de gobierno, el ayuntamiento ha intentado sin éxito formalizar su desvinculación. 
La estrategia municipal se centra en denunciar la desestimación por silencio administrativo de las reiteradas solicitudes enviadas al Consorcio. El concejal de Hacienda, Paco Roselló, ha subrayado que el proceso se inició formalmente el 30 de noviembre de 2023. A pesar de que la propia entidad llegó a reconocer el acuerdo de separación en septiembre de ese mismo año, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia, el Consorcio no ha ejecutado los pasos necesarios para hacer efectiva la salida del ayuntamiento. Ante este estancamiento, el gobierno local ha habilitado a la Alcaldía para acudir a los tribunales y designar a la asesoría jurídica encargada de la defensa de los intereses municipales.
El alcalde, Vicent Grimalt, fue muy crítico con la gestión del organismo, calificándolo de entidad inoperante que solo supone gastos para el consistorio sin reportar resultados tangibles. Durante su intervención, Grimalt reveló que, desde su incorporación al ente en 2015, no se ha presentado ni un solo proyecto destinado a resolver las deficiencias hídricas de la comarca. Además, se refirió a momentos de dificultad, como el caso de Xaló hace dos años, donde aseguró que el organismo no prestó ayuda alguna a los vecinos que se quedaron sin suministro potable mientras se canalizaba agua hacia otras poblaciones.
La postura del gobierno municipal es que hay que abandonar un organismo que no cumple con sus funciones resulta absurda y perjudicial. Grimalt aclaró, además, que la salida de Dénia no debería suponer un perjuicio para la comarca, señalando que actualmente la mitad de los municipios de la Marina Alta no forman parte del Consorcio. Para el alcalde, la falta de transparencia y la inacción del ente invitan a sospechar de una gestión opaca, lo que hace necesario que sea la vía judicial la que dictamine el futuro de este organismo.
La medida no contó con el respaldo unánime de la corporación. Mientras que Gent de Dénia optó por la abstención, PP y Vox votaron en contra de la interposición del recurso. Desde la oposición se plantearon dudas sobre la viabilidad jurídica de la acción y los posibles costes que podría suponer para las arcas municipales, además de cuestionar la conveniencia de abandonar el Consorcio en un tema que consideran de especial sensibilidad, como es la gestión del agua.
Por su parte, el equipo de gobierno ha intentado despejar estas dudas asegurando que el proceso no supondrá un gasto extraordinario, ya que la gestión será asumida por la empresa jurídica que ya presta sus servicios al Ayuntamiento.
LA TASA DE LAS TERRAZAS DEL PUERTO
Otro conflicto judicial fue tratado en la sesión plenaria. Se trata de la gestión del espacio portuario y, concretamente, en las liquidaciones por la explotación de terrazas. El origen de la disputa se remonta al 13 de mayo de 2020, cuando la Dirección General de Puertos autorizó al Ayuntamiento la explotación de suelo portuario a cambio del pago de una tasa. Sin embargo, el conflicto estalló al descubrirse, tras una revisión técnica, que el ámbito de dicha autorización incluía terrenos que ya no eran competencia autonómica.
La situación es clara para los servicios técnicos municipales: se trata de una superficie de 4.015,66 metros cuadrados de dominio público que fueron cedidos gratuitamente al Ayuntamiento por el Estado en abril de 2022. De este total, 1.375,54 metros cuadrados son los que actualmente se utilizan como terrazas. El consistorio defiende que, al ser el Ayuntamiento el actual titular de esos terrenos, resulta improcedente seguir abonando a la Generalitat una tasa por una actividad desarrollada en suelo propio. El gobierno local sostiene que esta anomalía contable supone un perjuicio económico directo para las arcas municipales, que han estado pagando por una superficie cuya gestión y beneficio debería corresponder exclusivamente al municipio.
Ante la falta de respuesta de la administración autonómica tras años de intentos de negociación, el Ayuntamiento ha optado finalmente por interponer un contencioso contra este silencio administrativo. El concejal Roselló ha subrayado que la voluntad municipal no es solo detener el cobro de estas liquidaciones futuras, sino también solicitar el reembolso de las cantidades ya abonadas indebidamente desde que se hizo efectiva la cesión estatal. La intención es regularizar la situación patrimonial y acabar con una doble imposición que el ayuntamiento considera injustificable.
En este punto, Gent de Dénia se abstuvo, mientras que PP y Vox votaron en contra.
Pleno Denia
