El conflicto urbanístico en el sector Marymontana II de Altea suma un nuevo capítulo. Tras la publicación en prensa de la reclamación de una promotora que solicita la suspensión del Plan General Estructural, el Ayuntamiento ha respondido con una nota en la que reivindica la legalidad de su actuación y apela a la seguridad jurídica.
Según informó un medio digital, la mercantil Residencial Finca Pons S.L. exige paralizar el planeamiento al considerar que se están vulnerando sus derechos urbanísticos en el desarrollo del sector. La empresa plantea que existe base suficiente para edificar y defiende una alternativa que, a su juicio, permitiría desbloquear la situación.
Sin embargo, el consistorio alteano sostiene una versión diametralmente opuesta, apoyándose en una reciente resolución judicial. En concreto, la Sentencia 339/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante desestimó el recurso de la promotora y avaló la decisión municipal de denegar la licencia de obra solicitada. 
El fallo es claro: no existe derecho a edificar mientras no se complete la urbanización del sector ni se apruebe la programación urbanística correspondiente. Además, recuerda que el anterior programa fue extinguido en 2017, lo que obliga a desarrollar uno nuevo, actualmente en tramitación por parte de una agrupación de interés urbanístico a la que la empresa demandante no se ha adherido.
El Ayuntamiento subraya que este contexto invalida el relato trasladado por la mercantil a la opinión pública. “No es correcto afirmar que se actúa al margen del Derecho”, señalan fuentes municipales, que insisten en que su prioridad es garantizar un crecimiento ordenado y conforme a la normativa.
Desde el gobierno local defienden que el desarrollo de Marymontana II sigue su curso, pero dentro de los tiempos y procedimientos legales. En este sentido, advierten del riesgo de generar “falsas expectativas” en un momento en que el Plan General Estructural aún está pendiente de aprobación definitiva.
El choque entre intereses privados y planificación pública vuelve así a evidenciar la complejidad del urbanismo en la Costa Blanca. Mientras la promotora presiona para acelerar el desarrollo, el Ayuntamiento se aferra al respaldo judicial para mantener su hoja de ruta: crecimiento sí, pero con legalidad y seguridad jurídica.
