El dispositivo policial incluyó inspecciones en las dos torres del inmueble para comprobar el cumplimiento de la normativa turística
Una inspección de apartamentos turísticos en Benidorm ha permitido detectar al menos siete alojamientos que presuntamente operaban sin la habilitación administrativa correspondiente en el edificio Intempo, situado en la playa de Poniente. El operativo, realizado el viernes 30 de octubre, movilizó a unos 40 agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm, que revisaron viviendas de las torres Poniente y Levante.
Los agentes realizaron inspecciones aleatorias en distintos apartamentos para comprobar si los alojamientos destinados al alquiler turístico cumplían los requisitos legales. De manera paralela, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional establecieron controles de personas y vehículos en el entorno del edificio.
Según la información policial, la intervención transcurrió con normalidad y contó con la colaboración de residentes y personas alojadas en el inmueble. 
En apenas unas horas, las comprobaciones permitieron identificar al menos siete posibles alojamientos turísticos irregulares, aunque será la tramitación administrativa la que determine si existen infracciones.
Posibles sanciones por alquiler turístico irregular
La actuación de la Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm se enmarca en las competencias de inspección y sanción que asumió el Ayuntamiento de Benidorm tras la aprobación del Decreto-ley 9/2024, de 2 de agosto, que modificó la normativa turística valenciana.
Entre los aspectos que pueden comprobarse figura el principio de unidad de explotación, aplicable a los establecimientos sujetos a este régimen y que exige una única titularidad responsable de su gestión.
Además, el Departamento municipal de Comercio se encarga de tramitar los expedientes sancionadores relacionados con estas actividades.
Desde que el consistorio asumió estas funciones, al menos cuatro sanciones inicialmente fijadas en 50.001 euros cada una han sido abonadas por sus responsables. En esos casos, el reconocimiento de responsabilidad y el pronto pago permitieron reducir el importe inicial un 50 %.
Por otra parte, la investigación también examinará posibles incumplimientos relacionados con el registro y la comunicación de los datos de las personas alojadas.
Estas obligaciones se regulan mediante el Real Decreto 933/2021 y la legislación de seguridad ciudadana. Determinados incumplimientos pueden constituir infracciones graves, con multas de entre 601 y 30.000 euros.
La documentación recopilada durante el operativo podría dar lugar a nuevos expedientes. Por ahora, las siete situaciones detectadas tienen carácter presunto, a la espera de que las comprobaciones y los procedimientos correspondientes determinen las posibles responsabilidades.
