La oposición considera que no es el momento adecuado tras las denuncias de trabajadoras por presunto acoso laboral
El pleno municipal de Dénia volvió a tratar el tema de las denuncias presentadas por cuatro trabajadoras de la Escoleta Municipal. Aseguran sufrir acoso laboral. En medio de esta polémica, el equipo de gobierno aprobó el jueves, en la sesión plenaria, prorrogar el contrato de concesión a la empresa que gestiona el servicio por un periodo de dos años más. La decisión ha generado un fuerte debate entre los grupos políticos. Desde la oposición, el Partido Popular se mostró en contra, argumentando que “no queremos que se mantenga este contrato en estas condiciones. Hay cuatro denuncias por acoso laboral entre las seis trabajadoras de la Escoleta, por lo que lo lógico sería volver a licitar el servicio con nuevos pliegos”. Así se expresó el concejal popular Carlos Barona.
Por su parte, la concejala de Educación, Melani Ivars, defendió la postura del equipo de gobierno señalando que la empresa concesionaria está cumpliendo con los protocolos establecidos y que corresponde a la justicia determinar el resultado de las denuncias. Además, subrayó que, en caso de una nueva licitación, las empleadas conservarían su condición de subrogadas, lo que no resolvería el conflicto con la empresa actual. 
El momento más tenso de la sesión se produjo cuando las trabajadoras presentes en el pleno intentaron tomar la palabra para exponer su caso, algo que el alcalde, Vicent Grimalt, no permitió alegando que no se había solicitado oficialmente. Pero finalmente pudieron hablar, una vez que el alcalde levantó la sesión, aunque sus palabras no se reflejarán en el acto y tampoco se emitieron por la retransmisión que se hace a través de Youtube. La emisión se cortó y los ciudadanos se quedaron con las ganas de saber cuál es la problemática de estas trabajadoras. Desde el grupo socialista se recordó que ya habían mantenido reuniones previas con las afectadas para conocer de cerca su situación.
Ayer viernes, el PP acusó al equipo de gobierno de tener “doble moral e insensibilidad” hacia las trabajadoras de la Escoleta. Font recordó que actualmente están de baja por ansiedad y depresión debido al presunto caso de acoso laboral por parte de la dirección de la empresa.
Según la concejala, “después de reunirse con las afectadas y no ofrecerles ninguna solución, premian a la empresa con dos años más de concesión. Este gobierno que se dice progresista y defensor de la igualdad, en este caso, deja indefensas a las trabajadoras y favorece a la empresa”. Además, reprochó a los socialistas que solo permitieran expresar su situación sin registro oficial, lo que a su juicio demuestra “una falta total de empatía por parte del equipo de gobierno”. Y añadió que “es un tema aún más delicado porque hablamos de un centro que atiende a menores de tres años”.
LA EMPRESA INVESTIGA LOS HECHOS
La empresa concesionaria del servicio ha asegurado que, tras recibir la denuncia, ha iniciado la investigación de los hechos. Señala que “ como no podía ser de otra forma, dispone de un protocolo de acoso implantado en todos sus centros de trabajo”. En un comunicado, asegura que “paralelamente, se están llevando a cabo las actuaciones pertinentes por parte de la Inspección de Trabajo de Alicante, sin que hasta la fecha hayan concluido”. Al respecto, señala que “durante el desarrollo del protocolo acoso, se realizaron las correspondientes actuaciones de mediación y la elaboración del Informe Psicosocial externo del centro de trabajo en el que prestan servicios las trabajadoras afectadas. Asimismo se ha procedido a la implementación de las medidas preventivas y del plan de acción resultantes”.
La empresa que gestiona la Escoleta niega rotundamente que este conflicto estrictamente laboral haya afectado al normal funcionamiento del centro ni al bienestar de los niños y niñas que acuden a él. Insiste en que “desde el primer momento se han tomado las medidas preceptivas, que podrán ampliarse o retirarse en función del informe concluyente que elabore Inspección de Trabajo”.
