La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia y Comarca (APTD) ha pedido al alcalde, Vicent Grimalt, que cese de forma inmediata a la concejala de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, ante su negativa a rectificar “su grave y opaca actuación” respecto a la documentación del borrador del Plan de Ordenación Pormenorizado de Montgó y Marines-Deveses “subida de forma parcial e incompleta a la web municipal”. Los promotores advierten al alcalde y al resto del equipo de gobierno que de no acceder a su petición, estarán encubriendo tácitamente unas prácticas “que atentan gravemente contra los principios de transparencia y legalidad que deben regir la administración pública”. Puntualizan que sus acciones “claramente benefician a intereses especulativos”.
Desde la APTD se incide en que la publicación telemática de la documentación del pormenorizado omite las tablas de parámetros urbanísticos “que, según parece, sí fueron incluidas en la documentación que alcanzó el Pleno Municipal y, de ser así, constituyen documentos públicos a todos los efectos”, advierten los promotores. Hablan de una “omisión selectiva y no corregida” que dista mucho de ser un error administrativo y que ha generado una situación innecesaria “pero de profunda inseguridad jurídica por alentar directamente a la especulación urbanística”. 
Sobre este último asunto, la asociación asegura haber detectado “movimientos oscuros” de ofertas especulativas que afectan al tráfico inmobiliario sobre suelos urbanos del municipio. Acusan a la concejala de impulsar estas prácticas, “que benefician a unos pocos en detrimento del interés general y del buen derecho” -añade.
En cuanto a la tramitación del Plan de Ordenación Pormenorizado (POP) del Montgó y su anunciada exposición pública de 30 días, dirigida exclusivamente a consultar a las Administraciones Públicas afectadas, la asociación dice no tener constancia de que se hayan acometido las actuaciones previas obligatorias a través del portal web municipal por el espacio de veinte días. Recuerda que la ordenación estructural que sustenta el POP está pendiente de sentencia judicial y advierte de las consecuencias. Entre ellas, el incumplimiento de la previsión de parque público en red primaria suficiente.
