Una operación de la Policía Nacional ha permitido desmantelar un call center ubicado en Benissa desde donde se realizaba la extorsión del sicario y la estafa del hijo en apuros. Han sido detenidas 73 personas y se han realizado un total de 22 registros simultáneos en Valencia, Barcelona y Alicante.
La organización criminal contactaba con las víctimas – se estima que podrían existir más de 2.000- una vez que estas habían visitado una página web falsa de citas. La investigación concluye que se podrían haber obtenido más de 2.000.000 de euros y que utilizaban a la madre del líder para blanquear los beneficios a través de empresas ficticias y de peluquerías ubicadas en Valencia. 
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un varón que realizó un pago de 6.000 euros en diferentes cuentas bancarias tras haber sido extorsionado por supuestos sicarios. Al parecer, después de contactar con una chica a través de páginas de citas por Internet, comenzó a recibir amenazas de un hombre que decía ser el encargado de estas mujeres. Le advertía de que el jefe estaba muy enfadado porque había hecho perder el tiempo a las jóvenes y que irían a por él para saldar las cuentas pendientes. Para darle más veracidad a las amenazas le enviaba vídeos y fotografías de agresiones violentas, como por ejemplo amputaciones, para conseguir que realizase los pagos que le exigían. Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron determinar que podría existir un grupo criminal dedicado a este tipo de hecho delictivo conocido como la extorsión del sicario y que la estaban realizando de manera masiva.
El modus operandi consistía en colocar anuncios en páginas de contactos publicitando servicios sexuales con anuncios falsos de mujeres utilizando imágenes que obtenían de fuentes abiertas a través de Internet.
Los anuncios contenían mensajes sensuales y atractivos para captar a clientes ofreciendo un número de teléfono de la supuesta chica. Una vez establecían el primer contacto, nadie contestaba pero ya habían conseguido el número de las potenciales víctimas con las que posteriormente contactarían para realizar las extorsiones. Tras acumular una gran cantidad de números, comenzaban las amenazas con intimidaciones extremas a través del envío de imágenes exigiendo pagos tanto por transferencia como por sistemas de pago instantáneas entre particulares. Los teléfonos de los presuntos autores eran siempre de modalidad prepago, obtenidos de manera fraudulenta en locutorios a los que les entregaban un incentivo de entre cinco y diez euros por tarjeta SIM, llegando a detectar más de 500 números distintos.
En la organización criminal existían distintos actores con funciones diferenciadas. Por un lado estaban las mulas, que conscientemente y a cambio de unos 50 euros abrían, cuentas bancarias online para recibir los ingresos de las víctimas. En otras ocasiones, mediante anuncios de falsas ofertas de trabajo, obtenían los datos personales y el número teléfono de terceras personas que también utilizaban para la activación de más cuentas.
Por otro lado estaban los captadores, que se encargaban de buscar a las mulas las cuales, en muchas ocasiones, eran captadas entre drogodependientes a los que aseaban y vestían con ropas de marcas de alta gama para que acudieran a las sucursales. Los extractores acudían rápidamente a las entidades para retirar el dinero una vez que los afectados hacían los pagos y lo entregaban a los miembros de la cúpula de la organización. Finalmente, las voces, eran los que detrás de los teléfonos hablaban con las víctimas y las manipulaban simulando ser supuestos sicarios para conseguir los pagos.
El líder es un hombre que tenía cuatro viviendas donde vendían sustancias estupefacientes. Allí se reunían con otros componentes del grupo puesto que estaban valorando la ampliación del negocio. Se estima que habían conseguido más de 2.000.000 euros, la gran mayoría en efectivo, por lo que para darle apariencia legal y justificar tales cantidades empleaban dos empresas. Una de ellas se dedicaba a la realización de supuestas actividades agrícolas, donde tenían asalariadas varias mulas recibiendo una contraprestación mensual aparentando así una fuente de negocio lícita.
Todo quedaba en familia. La administradora era la madre del líder, que actuaba como testaferro de una de estas empresas, recibiendo a su vez el dinero de otro miembro de la familia, la abuela, quien se encargada de recoger el dinero de los domicilios. Tras una ardua investigación y la identificación de todos los miembros de este entramado criminal, el pasado 11 de febrero se realizaron 22 registros de manera simultánea en Valencia, Benissa y Barcelona -Tarrasa-.
Los agentes encontraron un call center que funcionaba 24 horas al día ubicado en una vivienda de la localidad alicantina desde donde llevaban a cabo toda la actividad logística. Había multitud de teléfonos, otros dispositivos electrónicos y siete personas trabajando en el interior, entre ellos el líder de la organización.
Siete detenidos han entrado en prisión y se han incautado alrededor de 250.000 euros – de los cuales 60.000 en criptomonedas-, armas de fuego y machetes, diversas sustancias estupefacientes, material informático, 90 terminales móviles, seis turismos y documentación relacionada con la actividad delictiva. Además, se ha logrado el bloqueo de tres viviendas valoradas en 270.000 euros, 129 cuentas bancarias y más de 20 vehículos.
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