Al gobierno de la Generalitat se le ha abierto un nuevo frente de protestas. Profesores, sindicatos y representantes políticos de la Marina Alta se han congregado este jueves en la plaza de la Constitució de Dénia coincidiendo con la primera jornada de una serie de movilizaciones para exigir mejoras laborales. Los sindicatos se han unido a la hora de organizar las protestas y elaborar un comunicado. STEPV, CCOO, UGT y CSIF han advertido que las movilizaciones continuarán en enero, y si no hay reacción por parte de la Conselleria, seguirán en febrero, marzo, abril y podría culminar en mayo con una huelga indefinida.
Entre las principales reivindicaciones, el manifiesto subraya la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido, con una cláusula de revisión salarial acorde al IPC, y la exigencia de no ser el territorio peor pagado del Estado. También se reclama la reducción de las ratios de alumnado para evitar la sobrecarga de trabajo y permitir una atención más individualizada, así como la reversión de los recortes de plantillas docentes que han afectado especialmente a la Formación Profesional, la Formación de Personas Adultas (FPA), las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y los conservatorios.
Se exige la cobertura inmediata de todas las plazas, vacantes y sustituciones, la eliminación de la burocracia innecesaria para centrar el trabajo en la docencia, y unas instalaciones educativas dignas, seguras y adaptadas. En cuanto a la lengua, se pide que se respete y potencie el valenciano en la enseñanza, sustituyendo la actual ley de libertad educativa. 
Además, se demanda la recuperación de la dotación presupuestaria de 121 millones de euros recortada en infraestructuras educativas y el Plan Edificant. Para el Personal de Atención Educativa (PAE) y Personal de Administración y Servicios (PAS), se reclama la aplicación inmediata de acuerdos pendientes, la dignificación de todas las categorías, reclasificación y reconocimiento profesional.
Los sindicatos instan a nueva consellera de Educación, Maria Carmen Ortí, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a sentarse a negociar cuanto antes para evitar la continuidad del conflicto. Aseguran que la sociedad valenciana necesita una educación pública fuerte y que no permitirán que la inacción ponga en riesgo el bienestar del alumnado ni la dignidad de los profesionales.
