La flota pesquera de Dénia se enfrenta a un nuevo escenario de incertidumbre tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de una serie de normativas europeas que el Partido Popular ha calificado de inasumibles. Ante esta situación, el grupo municipal popular ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento de Dénia, exigiendo al Gobierno de España una intervención inmediata que frene lo que consideran un ataque directo a la viabilidad de la pesca local. La iniciativa denuncia que las nuevas reglas convierten a los pescadores en administrativos, bajo la amenaza constante de sanciones por errores puramente burocráticos y no por infracciones reales en la actividad extractiva.
La portavoz del Partido Popular en Dénia, Pepa Font, se ha mostrado especialmente crítica con el Ejecutivo central, al que acusa de falta de firmeza en las instituciones comunitarias. Font ha advertido de que se trata de una exigencia incompatible con la flota dianense y que demuestra que el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de defender al sector pesquero del Mediterráneo una vez más, sin haber explicado en Bruselas la realidad del sector. Según la portavoz, las medidas actuales pretenden equiparar la pesca mediterránea con otras de grandes mareas y largas jornadas alejadas de puerto, ignorando que en las costas locales las entradas y salidas son de proximidad y están condicionadas por el tiempo, la seguridad y la dinámica de las capturas. 
Uno de los puntos más polémicos de la nueva regulación es la obligatoriedad de emitir un preaviso de llegada con dos horas y media de antelación para buques de más de 12 metros, además de la eliminación del umbral mínimo de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas, lo que obliga a anotar cada especie desde el primer kilogramo. Sobre esta medida, Pepa Font ha señalado que no tiene ningún sentido que una embarcación que está faenando a media hora del puerto tenga que notificar con tanta antelación su llegada o la previsión de lo que trae a bordo, calificando la situación no como una medida de control, sino como una desconexión total con la realidad de los trabajadores del mar.
Por su parte, el concejal Esteban Chornet ha alertado sobre las consecuencias económicas y sociales que este zarpazo burocrático puede tener en una zona donde la pesca es un motor fundamental. Chornet ha resaltado que la combinación de estas exigencias desplaza al patrón y a la tripulación de su trabajo real hacia una carga administrativa desproporcionada. El concejal ha recordado que la pesca en la Comunitat Valenciana alcanzó recientemente más de 12 millones de kilos de capturas con un valor en lonja superior a los 69 millones de euros. En sus declaraciones, ha subrayado que se está hablando de miles de familias y de la economía local, insistiendo en que un sector que genera tal volumen de actividad no puede perderse en burocracias.
La moción presentada por el Partido Popular reclama al Ministerio una respuesta urgente basada en la adaptación de las normas europeas a la idiosincrasia del Mediterráneo y el fomento de un diálogo real con los afectados. El objetivo final de la propuesta es garantizar la seguridad jurídica de los pescadores, de modo que cuenten con la certeza de que no serán multados por el cumplimiento de normas que, según la formación, resultan imposibles de ejecutar en el día a día de la flota de Dénia.
