Todos los miembros de la corporación de Dénia aseguran que no se han vacunado
El Ayuntamiento de Dénia ha dejado en manos de la Secretaría Autonómica de Salud Pública que abra una investigación para conocer “de primera mano” qué está pasando con la gestión del proceso de vacunación contra la COVID-19 en la comarca, y en concreto en la residencia municipal Santa Llúcia. Se pide una aclaración sobre cuál fue el procedimiento seguido para administrar las dosis sobrantes de las vacunas y “en base a qué protocolo o instrucción superior”, según se indica en la moción aprobada por unanimidad. 
El socialista Javier Scotto aseguró en el pleno del jueves que se informará del resultado del informe final a todos los miembros de la corporación. Además, el Ayuntamiento exige a la Conselleria que establezca un “protocolo claro de suplencias de vacunación” para que evitar que vuelvan a producirse supuestas irregularidades. Según ha trascendido, el caso de la ex concejala Cristina Morera no fue el único sino que otras personas también se vacunaron sin estar dentro de los grupos prioritarios o de riesgo.
Tal como se especificaba en la moción, presentada por el PSPV y Gent de Dénia, el alcalde fue preguntando a los veinte concejales del pleno si se habían vacunado al margen del protocolo marcado por Sanidad y fuera de los plazos marcados para el grupo que le corresponde. Todos respondieron que no, además de Vicent Grimalt. Asimismo, se comprometieron a dimitir si con posterioridad se demuestra que han recibido la primera dosis.
A preguntas del portavoz de Compromís, Rafa Carrió, el alcalde aseguró que desconocía que Cristina Morera se hubiera vacunado hasta que ella se lo dijo.
Además, el alcalde ha solicitado a Salud Pública que emita un informe claro sobre los hechos y los criterios que se siguieron para contactar con la concejala de Sanidad y ofrecerle a ella, en última instancia, la dosis sobrante de la vacuna.
En el pleno se presentaron otras mociones solicitando la creación de una comisión de investigación municipal para aclarar los hechos, pero el PSPV rechazó esta posibilidad porque las competencias recaen sobre la Conselleria y además no se puede facilitar la identidad de las personas que se han vacunado irregularmente debido a la Ley de Protección de Datos.
