Independientemente de las irregularidades y negligencias en la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo de gas del proyecto Castor que está arruinando la actividad turística de las comarcas afectadas -más de 300 temblores de tierra en el norte de Castellón y en el Delta del Ebro, algunos de ellos de importancia en la escala de Richter- la misma adjudicación representa el enésimo escándalo del gobierno Zapatero y de un ministro -Miguel Sebastián- al servició de las grandes empresas. En el 2008, esta filigrana de gobierno adjudicó la concesión de este maremágnum a la empresa Escal UGS -participada en un 66% por la ACS de Florentino Pérez- por la que el estado se compromete a pagar el valor residual del depósito de gas aún cuando la empresa explotadora haya incurrido en dolo o negligencia.
Lo peor de todo es que el ministerio incluyó esta cláusula después del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y al margen del mismo lo cual demuestra una presunta connivencia -difícil de explicar en democracia- entre los poderes públicos y la oligarquía económica que vendría a justificar los caminos coincidentes entre ambos. 
En fin…
