Los ecologistas denuncian que carece de informe de impacto ambiental, infringe la Ley de Costas y la protección del dominio público
Las alegaciones advierten de los efectos ambientales y paisajísticos sobre el litoral
Cerca de 6.000 firmas ha recibido la petición remitida a la Generalitat Valenciana para que paralice la construcción de un centro de ocio en la playa, junto al puerto de Dénia, en la zona de Tamarits. Acció Ecologista Agró ha alegado contra la concesión de 7.000 metros cuadrados de terreno público que se han sacado a licitación con esos fines. En su escrito, el grupo ecologista advierte que el proyecto adolece de la preceptiva evaluación de impacto ambiental y alerta de sus efectos ambientales y paisajísticos. El plazo de presentación de alegaciones, a una actuación que ha levantado la reacción en contra de una parte importante de la población, con recogida de firmas y manifestaciones incluidas, finalizaba hoy viernes.
Las alegaciones que Agró ha remitido a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio inciden en una vulneración del Convenio Europeo del Paisaje y la normativa autonómica de protección paisajística. Apuntan a los “efectos irreversibles o difícilmente mitigables” de la actuación “al implicar una ocupación física y visual permanente de la primera línea marítima”. 
En su escrito, el colectivo ecologista indica que la Administración no dispone de la base técnica necesaria para determinar si la concesión -por un periodo de treinta años- es compatible con el entrono por haberse omitido el estudio de impacto ambiental, “lo que vicia de nulidad el procedimiento de autorización”. Precisa también que la introducción de una instalación hostelera de nueva planta como la que se pretende levantar -con edificios de 9,5 metros de altura sin contar el sótano- no figura entre los usos autorizados en el puerto y altera el equilibrio de la ordenación portuaria vigente. Es, por tanto, incompatible con el planeamiento del puerto y territorial, añade.
Principio de servicio público
La concesión, según anunció hace ahora un mes la Conselleria, iría destinada a la construcción de una instalación de ocio y hostelería sobre suelo público. Algo así como un beach club, con bares, piscina y hamacas.
Alega Agró que “el otorgamiento de una concesión para fines hosteleros desvía el dominio público portuario de su función esencial, vulnerando el principio de servicio público que rige las concesiones demaniales”. Echa en falta asimismo un informe que acredite el interés público portuario o general que pueda tener la instalación proyectada y denuncia que no se ha facilitado la participación pública en todo este asunto, ya que únicamente se ha publicado el anuncio de licitación y no se ha proporcionado la documentación técnica completa del proyecto, los informes ambientales o paisajísticos, “ni informes suficientes sobre la ubicación exacta, extensión y afección ambiental con, al menos, mediciones topográficas”.
Las alegaciones hacen referencia también a una infracción de la Ley de Costas y de los principios ambientales de protección del dominio público marítimo-terrestre. Aclara el escrito que la zona afectada, Tamarits, no es únicamente un bien de titularidad estatal, sino un espacio de protección ambiental, cuyo objetivo es garantizar la integridad física y ecológica del litoral y el equilibrio de los sistemas naturales que lo conforman (playas, dunas, acantilados, ecosistemas marinos y costeros).
Al respecto, puntualiza que la Ley de Costas establece que el uso común del dominio público marítimo-terrestre “es libre, público y gratuito” y que solo se pueden autorizar usos privativos cuando sean compatibles con su naturaleza, con el uso público y con el adecuado estado ambiental del litoral. Contempla también la ley que las ocupaciones del dominio público deberán ser las imprescindibles y mantenerse “con el mínimo impacto ambiental y paisajístico”. “La concesión demanial planteada”, añade, “no cumple ninguno de estos criterios: no es un uso necesario ni compatible con la preservación del litoral; implica ocupación permanente y artificialización de un espacio público costero; genera externalidades ambientales negativas, como contaminación lumínica, sonora y de residuos, que alteran el equilibrio litoral y marino”.
Por último, el escrito hace constar que la instalación de ocio y hostelería proyectada “por su naturaleza comercial, transforma un espacio público natural o semipúblico en un ámbito de uso privativo intensivo, vulnerando el principio de prioridad del interés general ambiental sobre el interés económico”.
Acudir a los tribunales
Además de pedir la suspensión de la concesión y que se elabore el preceptivo informe de impacto ambiental, Agró solicita la apertura de un nuevo proceso de información pública y que, en su caso, se de traslado del expediente a la Abogacía de la Generalitat para declarar la nulidad de pleno derecho. Joan Sala, representante de Agró en la Marina Alta, ha calificado la construcción de un beach club en los Tamarits de “auténtica barbaridad” y ha asegurado que si no se paraliza la actuación acudirán a la vía judicial.
En la rueda de prensa en la que se dieron a conocer las alegaciones, Sala estuvo acompañado por Juan Carlos Esteve, vecino de la zona de Tamarits, y Nina Stelmakh, de Dénia Voluntariado Medioambiental. Esteve exhibió varias fotografías sobre el estado del área afectada en los últimos años, algunas de la retirada de arena de las dunas en 2017 para regenerar la playa y otras de la “limpieza” que se realizó en 2019, que la convirtió en una especie de “paisaje lunar”. “Pero la naturaleza es tan savia que poco a poco se ha ido regenerando”, remarcó para dar cuenta de su potencial natural.
La documentación sobre los planes de la Conselleria ha sido remitida a la Comisión Europea, explicó Nina Stelmakh, quien subrayó también la importancia de proteger las aves y las dunas de la playa. Informó además de una propuesta de actuación de su grupo para rehabilitar esa área, que presentó como “una alternativa verde al ladrillo”.
Joan Sala quiso dejar claro que la denominación de la especie arbustiva que da nombre a la zona afectada es taray y no tamarindo. Taray es la traducción al castellano de tamarit, su nombre en valenciano. El tamarindo es un árbol tropical que se traduce en valenciano como tamarinde.
