El pleno ha acordado continuar con el procedimiento para la aprobación de la modificación D-16 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una iniciativa urbanística que tiene como objetivo impedir el uso residencial en las plantas bajas de inmuebles plurifamiliares y preservar así estos espacios para su función comercial y económica.
La propuesta plantea de forma expresa que en inmuebles de tipología plurifamiliar no se permitirá el uso residencial en planta baja, entendiéndose como tal aquellas viviendas con acceso directo desde la vía pública o desde la planta baja del edificio sin pasar por otras plantas. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende evitar la transformación de los locales en viviendas y proteger de esta manera el tejido social y el comercio de proximidad.
La decisión adoptada responde a un procedimiento iniciado en 2024, cuando el Ayuntamiento acordó suspender en todo el término municipal la tramitación y otorgamiento de licencias para los cambios de uso de local a vivienda en edificios plurifamiliares, con el fin de estudiar una modificación de la ordenación urbanística. Desde entonces se ha desarrollado la correspondiente tramitación ambiental y territorial estratégica simplificada, recabando informes de distintas administraciones y departamentos municipales. 
Entre los informes emitidos figuran los favorables del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la Conselleria competente en materia de costas y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que avalan la viabilidad de la propuesta y permiten continuar su tramitación. Asimismo, los informes municipales de Igualdad y Promoción Económica han respaldado la modificación al considerar que contribuye a preservar el comercio de proximidad, la vitalidad urbana y la seguridad en el espacio público.
Especialmente relevante ha sido el informe del Área de Promoción Económica, que advierte de que la transformación de bajos comerciales en viviendas, y particularmente en alojamientos turísticos, elevaría el precio de los locales y dificultaría la implantación de pequeños negocios, afectando negativamente a la competitividad del destino y a la calidad de la oferta urbana y comercial.
La Concejala de Planificación Turística y Vivienda, Mireia Ripoll, explicó que «hemos optado, con el apoyo del Consejo de Turismo, por la medida más restrictiva, ya que no queremos que en los locales de Calp, en primer lugar para proteger el tejido empresarial y las tiendas de proximidad, se pueda cambiar su uso porque no podemos garantizar que si un local se convierte en vivienda vaya a ser para uso habitual y no turístico».
Por su parte, Toni Tur, de Defendamos Calpe, declaró que «no queremos que Calp acabe siendo un parque temático, y con esta modificación se intenta que esto no pase, aunque hay puntos de mejoras». Añadió que «si continúa esta práctica de transformar los locales comerciales en viviendas irá desapareciendo el pequeño comercio que tanta falta hace para garantizar nuestras necesidades y también para unirnos como colectivo y como grupo».
Miguel Crespo, portavoz del grupo municipal popular, señaló que «se ha llegado tarde, ya que después de dos años de suspensión no se ha dado una solución definitiva, mientras el problema de acceso a la vivienda no ha dejado de agravarse. Hoy se plantea una modificación que limita aún más la posibilidad de generar vivienda en nuestro municipio, y se queda únicamente en una parte del problema, el alquiler turístico, a la vez que no se garantiza la protección del pequeño comercio».
Marco Bittner, concejal de Promoción Turística y miembro del grupo municipal socialista, afirmó que «el problema que tenemos es que la vivienda es una inversión lucrativa que da mucho dinero, y si abrimos la posibilidad a que los locales se puedan convertir en vivienda terminarán siendo, lo más seguro, vivienda turística. Por ello, el local seguirá siendo local hasta que encontremos una medida legal por la que podamos reconvertir un local en vivienda habitual».
Desde Somos Calpe, su portavoz, Rebeca Merchán, recalcó que «esta decisión se ha aprobado en el Consejo de Turismo en el que están representadas las asociaciones y las personas que tienen algo que decir en relación al turismo y es un ejemplo de participación ciudadana.
La alcaldesa, Ana Sala, añadió que «no estamos prohibiendo, estamos regulando una necesidad que tiene el municipio porque las solicitudes de cambio de uso de local a vivienda se nos iban de las manos”.
