El Banco de Sabadell estima que las pérdidas de la CAM son el triple de lo que el Banco de España estimó. El «agujero» se acercaría a los 17.000 millones de euros.
Ante tamaña bestialidad, ¿serán capaces el nuevo gobierno de Rajoy, el nuevo ministro de Justicia y la fiscalía de no llevar a los tribunales a los responsables? 
Primero los gestores y después los miembros del Consejo de Administración (del PP y del PSOE). Pero también a los responsables políticos de la Generalitat Valenciana -el señor Camps como presidente y con vía directa con gestores y miembros del Consejo de la CAM; el conseller de Hacienda y los responsables del Instituto Valenciano de Finanzas que autorizaron lo inautorizable-, para acabar con el Banco de España, último supervisor.
Todos ellos pudieron incurrir en posibles delitos penales: desde el 1995 en el Código Penal existe la figura de la administración desleal como mínimo, aparte de otras consideraciones.
Si esto fuera Islandia ya estarían en la cárcel.
