Las concejalías de Hacienda y Bienestar Social han puesto en marcha un plan de ayudas municipales para hacer frente al pago del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI), beneficiando además de un centenar de familias del municipio. De las ayudas concedidas, 94 han conseguido la cuantía máxima de 300 euros, lo cual supone un importante apoyo para las economías familiares beneficiarias y evidencia la relevancia de esta convocatoria como instrumento de apoyo por parte de la administración local. Así lo han dado a conocer el edil de Hacienda, Jose Maria Borja, y la regidora de Bienestar Social, Anna Lanuza.
Borja ha querido señalar que, “el pago del IBI forma parte de las obligaciones que tienen los propietarios de inmuebles y somos conscientes que, para determinadas familias, hacer frente a este pago puede suponer un esfuerzo importante. Por eso ponemos en marcha estas ayudas con el objetivo que una obligación tributaria no se convierta en un problema económico añadido”.
El edil de Hacienda ha puesto también en valor el número de familias beneficiarias: “Estamos hablando de 110 familias de Altea, personas empadronadas en el municipio que son propietarias o arrendatarias susceptibles de acogerse a este recurso, como son jubilados, familias numerosas o monoparentales y monomarentales, personas con ayudas por discapacidad o desocupación, entre otras, las que recibirán este apoyo y de ellas 94 contarán con la cuantía máxima de 300 euros”. Al que Jose Maria Borja ha añadido: “son cifras que reflejan que estamos ante una ayuda que tiene una incidencia real y directa en la economía de nuestros hogares”. 
Por su parte, el edil de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha subrayado el carácter social de estas ayudas y ha señalado que “detrás de cada solicitud hay una familia y una realidad concreta. Desde Bienestar Social queremos que las personas que atraviesen una situación económica complicada sepan que cuenten con el Ayuntamiento”.
Este Plan de Ayudas Municipales para el pago del IBI responde al compromiso de apoyar a las familias de Altea, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones económicas y evitar que el pago del IBI supongo un impedimento para aquellos hogares que cumplen los requisitos establecidos, reforzando así una política de gestión basada en la responsabilidad económica y, al mismo tiempo, en la atención a las necesidades de la ciudadanía.
