El pleno de Dénia aprobará este jueves una nueva ordenanza municipal para la erradicación de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, un texto pionero en la Comunitat Valenciana al incorporar mecanismos legales para actuar contra estas prácticas en el ámbito privado. La normativa, impulsada desde la Concejalía de Igualdad y Diversidad, parte del principio fundamental de que las mujeres en situación de prostitución o explotación sexual serán consideradas en todo momento como víctimas y, por tanto, no podrán ser sancionadas bajo ningún concepto.
Según ha explicado el concejal de Igualdad y Diversidad, Javier Scotto, se ha derogado el artículo 12 de la actual Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que hasta ahora responsabilizaba tanto a quienes solicitaban como a quienes ofrecían servicios sexuales en la vía pública. A partir de ahora, la actuación administrativa y sancionadora del consistorio se dirigirá de forma exclusiva contra los demandantes de prostitución, los proxenetas, los explotadores, los intermediarios y aquellas personas o entidades que publiciten o promuevan este sistema. 
La principal novedad jurídica del texto radica en la consideración expresa de la explotación sexual como una actividad económica ilícita y prohibida. Esta calificación permite al Ayuntamiento intervenir no solo ante las conductas que se desarrollan en las calles, sino también frente al negocio organizado en pisos, chalés, clubes y otros locales privados, una transformación del modelo prostitucional detectada en los últimos dos años en Dénia y en toda la comarca de la Marina Alta a través de contactos digitales.
El régimen sancionador aprobado establece multas económicas que oscilan entre los 500 y los 750 euros para las infracciones leves, como la distribución de publicidad de turismo sexual; de 750 a 1.500 euros para las graves, que incluyen la negociación de servicios sexuales o la cesión de espacios; y de 1.500 a 3.000 euros para las muy graves. Estas últimas sanciones se aplicarán cuando las conductas se produzcan a menos de 200 metros de centros educativos, zonas infantiles o espacios públicos vulnerables.
La ordenanza contempla medidas integrales de protección, acompañamiento, sensibilización y cooperación institucional orientadas a la recuperación personal y a la inserción social y laboral de las mujeres afectadas. El Ayuntamiento pretende además trasladar este modelo a la red comarcal para que pueda ser replicado por otros municipios de la Marina Alta y evitar así que la actividad ilícita se desplace hacia localidades sin una regulación específica.
