La forma en que una sociedad trata a los animales más vulnerables es uno de los indicadores más precisos de su nivel de civilización. También lo es la manera en que las administraciones públicas asumen la responsabilidad de protegerlos cuando dependen por completo de la intervención humana para sobrevivir.
Por ello, la adjudicación del servicio de gestión de los centros de acogida de animales de Benimàmet y Natzaret, por parte del Ayuntamiento de Valencia, a una UTE integrada por empresas que acumulan —en algunos casos— antecedentes de denuncias, protestas ciudadanas y expedientes sancionadores por deficiencias graves en la atención, falta de cuidados veterinarios y condiciones insalubres en distintas ciudades como Granada, Logroño, Cádiz o Motril, no puede entenderse como un mero trámite administrativo. Es, en realidad, una decisión política y estructural de gran alcance, un punto de inflexión que puede marcar el modelo de bienestar animal de los próximos años.
Lo que está en juego no es una simple mejora del sistema como alega el ayuntamiento valenciano, sino una transformación profunda de su naturaleza. Es un verdadero cambio de paradigma. 
Durante décadas, el bienestar de los animales en España no se sostuvo principalmente en las instituciones públicas, sino en las protectoras y asociaciones animalistas. Y conviene reconocerlo con claridad: lo hicieron con una determinación incansable, con financiación insuficiente, sin estructuras estables y con un apoyo institucional limitado o prácticamente inexistente.
Ese tejido social no solo complementó el sistema: lo mantuvo y lo construyó. Fue decisivo en la consolidación de la conciencia de bienestar animal que hoy reconoce tanto la administración como la sociedad.
Fueron estas entidades animalistas quienes, con recursos mínimos, asumieron tareas esenciales: rescatar animales abandonados, costear tratamientos veterinarios, alimentar, curar, rehabilitar y fomentar adopciones responsables. Lo hicieron a través del voluntariado, destinando recursos propios, recurriendo a todo tipo de medios para obtener financiación y, cuando era necesario, asumiendo deudas, guiadas por una convicción ética firme: un animal abandonado es una vida que sufre.
Las protectoras nunca fueron un actor secundario, sino un pilar fundamental de la protección animal durante años. Sin embargo, ese papel central se está reduciendo y desplazando a medida que las administraciones públicas confían la recogida y el cuidado de animales a empresas que operan mediante contratos públicos de gran volumen económico.
La contradicción es evidente: un modelo nacido del esfuerzo ciudadano y la falta de recursos está siendo sustituido por otro integrado en la lógica del mercado y la contratación pública de servicios. Cuando no había medios suficientes, el sistema se mantenía gracias al esfuerzo de las protectoras; ahora que existen fondos públicos, la gestión se deriva a operadores privados, a menudo procedentes de sectores ajenos al bienestar animal, como la desinfección, el control de plagas o servicios similares.
El resultado es un cambio estructural relevante: el bienestar animal deja de concebirse exclusivamente como una misión basada en el compromiso social para convertirse en un servicio privatizado, sometido a dinámicas empresariales en las que la rentabilidad corre el riesgo de prevalecer sobre los principios éticos que tradicionalmente guiaban esta labor. Y este cambio no es una evolución, sino una renuncia progresiva al modelo de protección animal construido durante décadas por entidades guiadas por el compromiso, el voluntariado y la defensa incondicional de los animales.
El cuidado de los seres sintientes abandonados no es una tarea meramente logística ni operativa. Es una labor compleja que exige conocimientos veterinarios, etológicos y de rehabilitación conductual, pero también algo que no puede medirse en protocolos ni contratos: sensibilidad, empatía y un compromiso ético profundo con el bienestar de cada animal.
No se trata simplemente de retirarlos de la vía pública. Se trata de atender el sufrimiento de seres que han sido abandonados, maltratados o ignorados; de curar heridas físicas y emocionales, reconstruir la confianza perdida y ofrecer una segunda oportunidad a vidas que, sin esa intervención, quedarían condenadas al miedo, la enfermedad o la muerte.
Sin embargo, el nuevo modelo implantado por el Ayuntamiento de Valencia permite que esta responsabilidad recaiga en empresas cuya actividad principal no está especializada en este ámbito. Esto genera una distancia preocupante entre las necesidades reales de los animales y la capacidad de garantizarles un cuidado adecuado y digno.
La cuestión no es solo quién presta el servicio, sino en qué condiciones se adjudica y se controla. Hablamos de seres sintientes que dependen por completo de la calidad del servicio que reciben, por lo que las exigencias para su adjudicación deberían haber sido máximas. Sin embargo, el Ayuntamiento no parece haber aprovechado todo el margen que permite la Ley de Contratos del Sector Público para exigir más calidad, experiencia y especialización en bienestar animal.
La falta de requisitos más estrictos de experiencia, de controles más rigurosos sobre la trayectoria de las empresas licitantes y de una evaluación más exigente antes de adjudicar los contratos no solo limita la capacidad de garantizar un buen servicio, sino que compromete directamente la atención que reciben los animales. En la práctica, esto significa que el ayuntamiento de Valencia ha asumido con naturalidad el riesgo de que el servicio no esté a la altura de lo que necesitan los seres sintientes que dependen por completo de esas decisiones. Esto lleva a una pregunta inevitable: por qué no se han reforzado estas exigencias. Cabe preguntarse si ha faltado sensibilidad hacia el bienestar animal o si ha prevalecido una forma de actuación poco exigente en el diseño de los criterios de adjudicación, influida quizá por una determinada visión ideológica del modelo de gestión.
El bienestar animal no debería ser un aspecto secundario en estos contratos, sino su eje central. Cuando no se sitúa en ese lugar, no solo empeora la gestión, sino que también se debilita la responsabilidad pública hacia animales que no tienen voz.
La decisión del Ayuntamiento de Valencia no es solo la adjudicación de un contrato, sino la elección entre dos modelos de gestión contrapuestos. Uno sustentado en la ética del cuidado, el compromiso social y la experiencia consolidada de las protectoras y asociaciones animalistas.
Y otro basado en la externalización de servicios hacia operadores guiados principalmente por criterios empresariales y dinero.
Esta elección no es técnica, es profundamente política e ideológica. Los animales abandonados no son expedientes administrativos ni oportunidades de negocio: son vidas que requieren atención y protección.
La elección municipal no es neutra: lamentablemente, ya supone de facto un antes y un después en la gestión de los centros de acogida de animales, al transformar de forma sustancial el modelo de atención y protección de los animales abandonados y alejarlo de un enfoque verdaderamente centrado en su bienestar. Por ello, quizá conviene recordar al Ayuntamiento de Valencia el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “Los animales son seres sintientes y deben ser tratados como tales.”
Vamos a seguir atentos y atentas a la evolución de la gestión de estas empresas y vamos a exigir responsabilidades en todos los niveles. Porque esto no es un debate técnico ni un simple trámite administrativo, sino una cuestión de dignidad, respeto y responsabilidad pública hacia los animales. La ciudadanía no aceptará que su protección se debilite ni que se normalicen decisiones que los alejen del cuidado que merecen. Hablamos de seres sintientes que dependen por completo de nuestras decisiones, y eso exige estar a la altura, sin excusas ni retrocesos.
“La cuestión no es si pueden razonar, ni si pueden hablar, sino si pueden sufrir.”- Jeremy Bentham
(*) Secretaria de la Asociación Animalista Els Poets de Pedreguer y Vicepresidenta y Secretaria de la Asociación Protectora de Animales de Denia (APAD)
