Supermercados Masymas ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento Teulada-Moraira por el precinto del establecimiento de la cadena de la carretera Moraira-Calp hace un año. La empresa considera que hubo un incumplimiento del acuerdo urbanístico firmado en 2004, ya que contaba en un principio con todas las licencias administrativas exigibles, pero que después le fueron revocadas. Masymas exige 13,8 millones de euros.
Según un comunicado de la cadena, "desde que se iniciara el conflicto administrativo, hace ya más de 15 años, Supermercados Masymas ha mostrado siempre toda su voluntad para compatibilizar y legalizar la actividad del supermercado citado, de lo que da fe la innumerable actividad administrativa desplegada durante todo este tiempo para dar amparo legal al proyecto comercial". 
Masymas explica que promovió por segunda vez, y antes de la clausura del establecimiento, la tramitación de un nuevo Plan de Reforma Interior (PRI) y Estudio Detalle que corregía las irregularidades detectadas (estas, en cualquier caso, derivadas del incumplimiento por parte del Ayuntamiento del acuerdo municipal de 2004, pero nunca motivadas por la empresa) y que permitían regularizar la situación.
Ambas iniciativas fueron aprobadas en Pleno del Ayuntamiento el 28 de marzo de 2019, lo que permitió a Supermercados Masymas solicitar días después el certificado de compatibilidad urbanística previo a la licencia ambiental.
Siempre según la empresa, "el certificado fue denegado por el Ayuntamiento de Teulada el 28 de octubre de 2019, decisión ante la que se interpuso un recurso que, a día de hoy, no ha sido resuelto por el consistorio y que, cumplidos los plazos administrativos, se entiende por desestimado". Sostiene que la desestimación por silencio de este último recurso obliga a la empresa a demoler el local, abocándola -muy a su pesar- a presentar la reclamación por daños y perjuicios.
La empresa señala que ha apurado hasta el último día de plazo legal (la reclamación se ha presentado el día 22 y el plazo legal finalizaba el 23) para presentar su reclamación, no entendiendo como el equipo de gobierno local ha consentido en la irresponsabilidad de no intentar siquiera desbloquear la situación, estando como está en sus manos.
Pese a todo, la empresa espera que el Ayuntamiento reconsidere el asunto para poder retirar la reclamación.
