La modificación de crédito de un millón de euros para financiar el Plan de Inversiones 2026 con el remanente de tesorería de 2025, planteada por el equipo de gobierno del PSPV, ha sido retirada del orden del día del pleno extraordinario de esta semana al sumar sus respectivos votos los grupos del PP y Compromís.
Desde este último se ha propuesto dejar el punto sobre la mesa para permitir una negociación real, al afirmar su portavoz, Lluís Fornés, que «no se ha consultado ni a la oposición ni a la ciudadanía». En ese sentido, ha expuesto diversas propuestas recogidas por su grupo en los últimos días, como mejoras en iluminación, aceras, mantenimiento urbano, adquisición de solares para aparcamiento, ampliación de la escuela infantil municipal o políticas de vivienda.
La falta de negociación previa con ellos sobre las actuaciones propuestas por parte del equipo de gobierno también ha sido mencionada por el portavoz popular, Àlex Hernández, para advertir que «ninguna de las actuaciones planteadas procede de las propuestas de nuestro programa» y reclamar que se tengan en cuenta las prioridades de la formación, como posibles soluciones a las necesidades de aparcamiento del municipio. 
Els arguments eren rebatuts des del govern local tant per part del regidor d’Hisenda, Jordi Ruiz, com pel de Participació, Miguel Gomis per a incidir que el Pla d’Inversions havia estat elaborat a partir de les reunions de barri i de les propostes més demandades per la ciutadania.
Por su parte, el alcalde, José Ramiro, remarcaba que las propuestas de la oposición deberían haberse presentado formalmente «para que los servicios técnicos valoraran su viabilidad». Asimismo, Ramiro insistía en que «el equipo de gobierno siempre ha mantenido la puerta abierta a negociar».
Una vez retirada la propuesta de modificación de crédito, los tres grupos políticos acordaron celebrar una nueva reunión la semana próxima con el objetivo de acercar posturas y consensuar qué actuaciones deben incluirse en el Plan de Inversiones 2026 antes de someter nuevamente el punto a votación en un pleno extraordinario u ordinario.
En esa línea, desde el grupo socialista se reiteraba la voluntad de diálogo para incorporar propuestas de todos los grupos, siempre que sean técnicamente viables y se ajusten a los criterios de inversión financieramente sostenible que establece la normativa estatal.
ACATAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN L’ESPAI JOVE
El otro punto destacable de la sesión ha sido la aprobación de la ejecución de la sentencia de las obras del Espai Jove, y la modificación de crédito necesaria para afrontar el pago.
La medida salió adelante con los votos favorables del PSPV y Compromís y la abstención del PP, tanto la ejecución de la sentencia de las obras del Espai Jove como la modificación de crédito necesaria para afrontar el pago.
El popular, Àlex Hernández, argumentaba que la formación que preside optaba por esa postura porque «no estábamos de acuerdo con este edificio ni con el sobrecoste que ya sabíamos que iba a tener, pero debemos aceptar la sentencia judicial y facilitar el pago». No obstante, remarcaba que, pese al desacuerdo inicial con el proyecto, desde el PP se entendía que ahora era necesario cumplir con la resolución firme del tribunal.
Por su parte, el portavoz de Compromís indicaba que desde el grupo municipal valencianista se había contrastado información tanto con los técnicos como con los concejales que formaron parte del gobierno cuando se ejecutó la obra. «La constructora no se ha comportado bien en el proceso y quería cobrar un coste mayor al pactado», manifestaba, para subrayar que, a su parecer, «el juez le ha concedido demasiado dinero». Aun así, se mostraba partidario de acatar la sentencia, ya que, según remarca, «no hay nada más que podamos hacer y es positivo que el tema quede cerrado».
En esa línea, el alcalde ha valorado que las resoluciones «confirman que el Ayuntamiento actuó con rigor» y permiten dar por concluido definitivamente un litigio en el que las sentencias del TSJCV determinan que el Ayuntamiento deberá abonar las partidas justificadas técnicamente, por un importe total de 162.825 euros más intereses, después de que el tribunal haya descartado más de la mitad de la cantidad inicialmente reclamada por la empresa.
