El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento provisional de una de las piezas del caso Púnica, en el que estaba involucrada la ex alcaldesa de Dénia Ana Kringe. La investigación se centró en la contratación de trabajos de reputación virtual de cargos del PP encargados a las empresas EICO y Madiva.<\/p>\n
En la causa que ha sido archivada, había 40 personas investigadas, entre ellos varios cargos públicos de la época. El caso se abrió en 2010, pero no fue hasta 2020 cuando Ana Kringe fue investigada por haber financiado con dinero público a un falso diario digital, vinculado al llamado “conseguidor” Alejando de Pedro, para mejorar su imagen pública.<\/p>\n
En el año 2017 trascendió una conversación mantenida por Whatsapp tres años antes por Kringe y De Pedro en relación con el diario ficticio Ahora Dénia. En ella quedaba acreditado que la intención del diario digital no era otra que potenciar la reputación de la alcaldesa, perteneciente al PP, y “dar hostias a la oposición”, como ella misma decía.<\/p>\n
El juez considera no existió un acuerdo entre los políticos populares para desarrollar un trama a través de la contratación pública. En principio, se les imputaron delitos como falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros.<\/p>\n
En el auto judicial, se explica que el asunto de fondo es la dificultad en disociar el nombre de la persona y el cargo que ocupa cuando ostenta una responsabilidad pública. Sostiene que, y si este es de naturaleza política, “resulta especialmente difícil disociar en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública”. Según especifica, “resulta extraordinariamente difícil, si no imposible, distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona, y su prestigio personal político, cuando se trata de realizar campañas de promoción o publicidad en internet, redes sociales o medios de comunicación social”.<\/p>\n
El magistrado García Castellón señala que “si se tuviera que instar una investigación penal por cada uno de los políticos de este país que tuviera una red social a su nombre, para discernir si se trata de publicidad institucional o personal, o que contrate empresas de marketing, para examinar si realmente promociona su nombre o la institución, no solo se saturarían los juzgados de instrucción, sino que se estaría desnaturalizando el ordenamiento penal”.<\/p>\n
Otra de las conclusiones de la resolución del juez es que ninguna de las noticias publicadas era de carácter privado de los alcaldes sino que giraban en torno a actividades relacionadas con funciones de carácter público.<\/p>\n
El PP de Dénia ha felicitado a Ana Kringe tras conocerse la decisión judicial y reclama que “aquellos que pusieron en duda su honradez, como el sr. Grimalt, realizando un juicio paralelo e insultando gravemente su honor, rectifiquen públicamente y asuman sus falsedades.<\/p>\n
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